El independentismo catalán no duda en cargar contra España y contra todo lo español, asegurando, no sólo que Cataluña es una nación independiente, sino que España es un Estado opresor que mantiene 'ahogada' a Cataluña a base de leyes y legislaciones absolutistas.
Una obsesión contra España que ha llevado a muchos independentistas a volver a plantear un golpe de Estado de Cataluña contra España, a pesar de que el nacionalismo cada vez cuenta con menos apoyos sociales, y a pesar de que el último 'líder' del secesionismo llevó a cabo un brutal ejemplo de cobardía y huyó de Waterloo antes de sufrir las consecuencias judiciales de sus actos.
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Odio constante que ha llevado a un funcionario público, Pau Fargas Roca, a cargar en exhibir su 'nacionalismo' en Twitter, criticando a España sin ningún tipo de cortapisas, llegando a asegurar que si hace falta, "habrá muertos" para conseguir la independencia catalana.
"España, país de imbéciles" "Reputa España" o "Vete a Extremadura a morir de hambre, español" son algunas de las 'lindezas' que este independentista ha soltado por sus redes sociales, en un claro ejemplo de odio y de hipocresía independentista.
Lo que no odia es el dinero español
Y es que, a pesar de asegurar por altiva y por pasiva que odia a todo lo que tenga que ver con España, ninguna de las nóminas de este funcionario público ha sido 'devuelta' en señal de protesta por su procedencia española.
Un hecho que vuelve a demostrar, una vez más, la hipocresía que parece definir a todos los secesionistas catalanes: no quieren saber nada de España, ni de su lengua oficial, ni de su cultura o gastronomía... pero sí de su dinero público.
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Dinero que a este secesionista parece gustarle mucho, tanto para sí mismo, como para el resto de independentistas, ya que su trabajo consiste en dar "apoyo administrativo a la Oficina de Iniciativa Cultural" de la Concejalía de Cultura del Gobierno.
Dicho con otras palabras, su función dentro de la Administración pública es la de "facilitar la solicitud de ayudas en materia cultural" de la Generalitat, acabando muchas de estas ayudas, financiadas con dinero español, en manos de instituciones y organismos independentistas.