El Gobierno de España no dispone de una herramienta legal que impida el traslado de los restos de Francisco Franco a la catedral de la Almudena, una vez sean exhumados del Valle de los Caídos.
La vicepresidenta del ejecutivo, Carmen Calvo, así lo reconoció, por lo que no hay una forma legal de impedir la exhumación del exdictador, que es el deseo expreso de la familia.
Los más allegados a Franco, quieren trasladar sus restos a la Almudena porque disponen de un espacio dentro de la cripta del templo madrileño destinado a dar sepultura a sus miembros.
Calvo añadió que "si la familia lleva los restos allí y la iglesia no tiene reparos, no habrá nada que pueda impedir el enterramiento en un lugar de alto simbolismo".
La decisión final: la iglesia
"En principio el Gobierno no puede ir más allá de lo que su familia decide", subrayó Calvo, que lo único que le interesa es que el dictador deje de estar enaltecido en un monumento público.
Únicamente la iglesia y sus altas esferas eclesiásticas tendrían el poder de bloquear el entierro del general Franco en la catedral de la Almudena, aunque según fuentes próximas al ejecutivo, contar con ese apoyo va a resultar complicado.
Por ese motivo, la vicepresidenta del ejecutivo ha cerrado una reunión a finales de octubre con el número dos del papa Francisco, quien trasladará los problemas del enterramiento de Franco de cara a una mediación con el propio Vaticano.
Calvo tendrá la oportunidad de trasladar al Vaticano el conflicto que supondría llevar los restos de Franco a uno de los templos más icónicos de España.