La Assemblea Nacional Catalana puso en marcha hace dos semanas una campaña en favor del consumo de productos catalanes, algo que en realidad ocultaba un boicot encubierto a los productos de Marca España. El tiro les ha salido por la culata.
El pinchazo de la campaña supremacista
Las adhesiones entre sus fervorosos seguidores apenas han llegado a cinco mil. No resulta fácil convencer, incluso al más fanático de los independentistas, de que renuncie al Rioja, al jamón de Jabugo, el queso manchego o a las naranjas de Valencia para sustituirlas por productos autóctonos catalanes.
El enunciado de la campaña pretendía animar a los consumidores a comprar en clave catalanista escogiendo empresas "social y nacionalmente responsables". Más claro el agua. Unas empresas son "responsables" y otras "irresponsables".
Llama la atención el escaso seguimiento que ha tenido esta llamada porque la ANC cuenta con 37.000 socios y 54.000 simpatizantes. Es una muestra más de que la gente está cansada y no está ya para historias de buenos y malos en base a este "consumo estratégico" que no es más que un boicot a lo español.
Empresas comprometidas con los valores del Procés
Y así hay que entenderlo porque de lo que se trata es de fomentar el consumo de productos salidos de empresas comprometidas con los valores del Procés: “la responsabilidad social, el cooperativismo, el respeto por el catalán, el no formar parte de oligopolios y el no haberse posicionado contra los derechos humanos en el proceso independentista”.
Se trata de poner en contacto a las empresas que lo deseen con los consumidores que estén dispuestos a cambiar sus preferencias. Y la idea es elaborar un listado que permita acercar al consumidor independentista al productor simpatizante del Procés.
Alejar al consumidor catalán de las empresas del Ibex y del palco de Florentino
La propia presidenta de ANC, Elisenda Paluzié, no oculta sus intenciones, que pasan por alejar al consumidor catalán de "las empresas del Ibex 35, del BOE y del Palco del Bernabéu”. Son esas empresas que, se hayan pronunciado o no, ANC asocia como contrarias al Procés en base a sus propios criterios. Y todo eso para "dar efectividad real a la proclamación de la República Catalana".
David Fernández es el ideólogo y, aunque matiza que no se trata de una lista de “buenos y malos”, lo cierto es que no se puede entender de otra manera. Fernández manifestó recientemente a El País: “Pensamos que la economía tiene que ser abierta: pueden pasar el cribado empresas que no estén en Cataluña, pero no aquellas que se han posicionado contra los derechos humanos durante el procés o están muy cerca del poder”.
Sin embargo, la iniciativa apenas ha contado con la aprobación pública de Carles Puigdemont o Albano Dante Fachín. Empresarios, expertos y consumidores le han dado la espalda conscientes de que esta torpeza podría tener un efecto rebote acrecentando en el resto de España el rechazo a los productos catalanes.
El recuerdo del boicot al cava catalán
Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal catalana Foment del Treball, no sale de su asombro ante esta campaña: “Es un error, una barbaridad”, porque según Foment “estas campañas perjudican a empresas y trabajadores y a la economía en general. Mezclar las emociones con la política no es una buena receta para nadie, sea cuál sea su pensamiento político”.
El Govern no se ha atrevido a valorar esta campaña y ni siquiera Òmnium Cultural ha decidido sumarse a ella. Y es que en el fondo están latentes las consecuencias del boicot español al cava catalán en 2006, que redujo en un 6,6% la presencia del espumoso catalán en el mercado nacional.
En los tiempos que corren, limitar la libertad de elección del consumidor para que adquiera determinados productos en función de una ideología, va contra las más elementales normas democráticas. La libertad individual pasa por decidir sin presiones los productos que se desea consumir en función de las preferencias o el gusto de cada uno. Lo que no sea eso delata una práctica totalitaria nada recomendable en un estado de derecho.