Josep Maria Jové ha sido procesado por delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos, por su participación en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Ahora, la magistrada instructora del caso, Maria Eugènia Alegret, de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado un auto por el que se le imponen unas medidas cautelares.
Entre estas medidas se encuentra una fianza civil de 2.889.000 euros, así como libertad provisional, con la imposición de la personación periódica mensual, la retirada del pasaporte y la consecuente prohibición de salida del país.
Participación activa
La instructora ha alegado que Jové, que en la actualidad forma parte de la mesa de negociación con el Gobierno de Sánchez, "tuvo una participación activa en el referéndum", así como en "otros actos ilícitos para conseguir la financiación".
Además, el independentista ha sido procesado por prevaricación, al aparecer su firma en un convenio con el Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT) por el que consiguió los datos del registro de la población, con la finalidad de tener un censo real en el 1-O.
Según el auto, recogido por La Vanguardia, Jové era "responsable destacado en la búsqueda de los locales donde instalar los colegios electorales", y por eso "realizaba las oportunas gesiones para lograr esta cesion", produciendo unos gastos de más de 2 millones de euros.
Nada más difundirse la decisión del TSJC, el independentista se ha quejado del trato a través de las redes sociales, afirmando que se ha enterado "por la prensa" de su procesamiento.