Una de las principales premisas del independentismo catalán es la búsqueda del supremacismo de la lengua catalana por encima del castellano, asegurando que, durante siglos, la lengua autonómica se ha visto discriminada desde el Estado a favor de la lengua oficial del país.
Sin embargo, esta afirmación está lejos de ser realidad en las escuelas catalanas, donde, según los datos de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), en ninguna escuela catalana el castellano es la lengua vehicular, y ningún proyecto lingüístico de la comunidad autónoma cumple el 25% mínimo de contenido en castellano fijado en las sentencias judiciales.
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Es más, sólo 126 centros académicos ofrecen alguna asignatura en castellano en primaria o secundaria, y el 96% de estos centros elige que las asignaturas en castellano sean plástica o educación física.
Una discriminación al castellano que ahora ha sido llevada ante el Parlamento Europeo por Ana Losada, presidenta de la AEB, que ha solicitado a la Comisión de Cultura del Parlamento la elaboración de un informe sobre la diversidad lingüística en Cataluña.
Europa defiende el uso del castellano
La petición de la AEB ha sido escuchada por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que ha decidido investigar la discriminación que sufre la lengua castellana en la autonomía catalana.
Una aprobación de investigación que sólo ha contado con el rechazo de Diana Riba, representante de ERC y miembro del Partido Verde europeo, presente en la reunión.
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Así pues, el Parlamento investigará por qué el castellano no está siendo utilizado como lengua cooficial en Cataluña, significando esto un nuevo apoyo europeo a la lengua castellana por encima de las exigencias e ideales independentistas, que en multitud de ocasiones han exigido el uso del catalán dentro de las instituciones europeas, en detrimento del castellano.
Del mismo modo, la Comisión de Peticiones ha asegurado que remitirá una carta al Ministerio de Educación, dirigido por Isabel Celáa, informando de la denuncia de la AEB, los datos que sustentan la denuncia, y la llegada de europarlamentarios que estudiarán la situación 'in situ'.