Europa siempre ha sido la gran esperanza de los líderes independentistas. Incluso Torra lo ha reafirmado hoy en su última comparecencia en el Parlament. Todos confían en que Europa les dé la razón y se la quiten al estado español. Pero la realidad es bien diferente. La inhabilitación de Torra ha sido acogida en Bruselas como una decisión judicial interna de España en la que no va a entrar la Eurocámara.
"Europa respeta el orden constitucional de España"
El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha reiterado que la Comisión Europea "respeta plenamente" el orden constitucional en España y las decisiones de sus tribunales para explicar que la causa contra los líderes independentistas en Cataluña no haya sido evaluada en el informe sobre el Estado de derecho en los Veintisiete que Bruselas ha publicado este miércoles.
Torra se va amenazando con llevar a Europa la represión de España
"Es un asunto doméstico para España, que debe ser resuelto en línea con su orden constitucional, y la Comisión Europea respeta plenamente el orden constitucional español, incluidas las decisiones de sus tribunales", ha zanjado Reynders en una rueda de prensa en Bruselas, al ser preguntado por la ausencia de referencias a Cataluña en el informe sobre España.
El Ejecutivo comunitario ha publicado el primer informe sobre la situación del Estado de derecho en los Estados miembro, una herramienta con la que pretende diagnosticar de manera precoz los problemas "sistémicos" que pueda afrontar cada país y poder así iniciar un diálogo para resolverlos.
Torra no está en el orden del día europeo
En el caso de España, el documento menciona como principales retos las demoras que sufren los procesos judiciales y la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además, se hace eco de las críticas y la "discusión" sobre la independencia del Ministerio Fiscal, teniendo en cuenta que al Fiscal General lo nombra el Ejecutivo.
El documento, sin embargo, no incluye una valoración o calificación general del Estado de Derecho en España, sino que se limita a plantear observaciones sobre el funcionamiento del sistema judicial, la legislación y las prácticas anticorrupción y el pluralismo mediático, en muchos casos recogidas de informes previos del Consejo de Europa, que es una institución ajena a la UE.
Tampoco emite ninguna valoración sobre la declaración del estado de alarma con motivo de la pandemia de Covid-19 y se limita a constatar que el Congreso de los Diputados autorizó seis prórrogas y que el Tribunal Constitucional puede controlar si el Ejecutivo se excede en su definición de emergencia y en las medidas adoptadas.