Europa niega una indemnización a los familiares de las víctimas etarras del GAL

  • Política
  • 18-07-2019 | 09:07
  • Escribe: Guillermo Vives

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado que familiares de presuntos etarras asesinados por los GAL y el Batallón Vasco Español puedan ser considerados víctimas del terrorismo




El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado que familiares de presuntos etarras asesinados por los GAL y el Batallón Vasco Español puedan ser considerados víctimas del terrorismo a efectos de recibir una indemnización por parte del Estado.

La decisión dada a conocer este jueves por el tribunal con sede en Estrasburgo considera que la presunción de inocencia recogida en el artículo 6.2 de la Convención Europea de Derechos Humanos no puede aplicarse un procedimiento de compensación a familiares de las personas asesinadas en Francia.



La reclamación sobre la que ha decidido Estrasburgo se refiere a Maria Cristina Larrañaga, Karmele Martínez Agirre y Nagore Otegi Martínez, María Antonia Ibarguren Astiagarraga, Mikel y Xabier Etxaniz Maiztegui, Ignacia Lizarraga Albaburu, Maria Belen Aguilar Pérez y Ugaitz y Aitor Elizarán Aguilar, todos parientes de las víctimas o víctimas de aquellas dos organizaciones.

Los demandantes son familiares de personas asesinadas por el GAL y el Batallón Vasco-Español cuando residían en Francia y todos pertenecían a la banda armada terrorista ETA, aunque no llegaron a ser juzgados.



Etarras como víctimas del terrorismo

Entre ellos hay casos diversos, pues en se trata de personas que reclaman acceso a una indemnización que siempre se les negó por entender que un etarra no puede generar compensatoria como víctima de terrorismo y, en otros casos lo que piden es la ampliación de la cuantía en los términos que estableció la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo del año 2011.

Respecto a los primeros casos, el TEDH niega que les pueda dar tal consideración de víctimas del terrorismo.



Las siglas GAL nacieron en diciembre de 1983 con el secuestro en Francia de Segundo Marey. Detrás del GAL aparecía una estructura parapolicial y de mercenarios promovida y financiada por el Ministerio del Interior, según admitió el Tribunal Supremo en 1998.

 



 

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