"Una ventana de oportunidad para hacer las cosas de otra manera [...] una solución democrática al problema territorial del Estado, aceptando su plurinacionalidad y el derecho de los pueblos a decidir".
Con estas palabras, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, explicaba el 'Sí' de su formación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.
Un apoyo a las Cuentas estatales que, poco después y a los ojos de la opinión pública, se trasformaba en la concesión del Estado de una de las principales premisas de los nacionalistas vascos: la aproximación de los presos de la banda terrorista ETA al País Vasco.
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Decenas han sido los condenados etarras que, en estos últimos meses, han sido trasladados a las proximidades de su tierra natal, siendo uno de ellos Igor Portu, que este miércoles 30 de diciembre, en el 14 aniversario del atentado en la T4 de Barajas, del cual fue autor junto a otros dos criminales más, el último en gozar de las concesiones del Ministerio de Interior.
Unas concesiones políticas, conseguidas por los sucesores políticos de la banda terrorista, que han tenido reflejo en las calles vascas, produciéndose, este año, 193 actos en apoyo a ETA.
COVITE reacciona ante el resurgir etarra
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha documentado 193 actos de apoyo a ETA durante este 2020, a pesar de las restricciones impuestas a nivel nacional por el coronavirus.
92 de ellos han tenido lugar en Vizcaya; 60 en Guipúzcoa, 30 en Navarra, 6 en Álava, 2 en el País Vasco francés, uno en Madrid, uno en Murcia y uno en Barcelona; un incremento del 57% con respecto a 2019, cuando se registraban 108 actos.
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"Las políticas públicas de desradicalización y de prevención de la radicalización violenta aberztale brillan por su ausencia" han criticado desde COVITE.
Asímismo, han lamentado "la impunidad con la que se realiza el culto al etarra" tanto permitiendo este tipo de actos, como en los traslados, como en las Cortes Generales, donde el terrorismo vasco ha encontrado la via para la legitimación.