El Tribunal Supremo ha condenado al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, a un mes y quince días de prisión por un delito de agresión a un agente de la autoridad, condenando así al podemita por la patada que propinó a un policía durante una manifestación en Tenerife en 2014.
Una condena que podrá sustituir por una multa de 540 euros, después de que el alto tribunal haya desestimado la afirmación del diputado podemita, que aseguraba que el juicio estaba provocado por una persecución hacia él por su condición de político, siendo esta defensa desmentida, ya que en aquel momento, el diputado "carecía de relevancia política".
Del mismo modo, la sentencia, tal y como detalla el diario La Razón, suspende temporalmente los derechos de Rodríguez como parlamentario, aunque no le será retirada su condición de diputado; algo que ha sido matizado desde Unidas Podemos, asegurando que "la sentencia sustituye la prisión por multa, lo que no puede implicar inhabilitación absoluta".
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Sin embargo, esta condena sí habría supuesto la dimisión inmediata de Alberto Rodríguez dentro de la formación podemita en 2014, ya que el código ético de los morados reflejaba explícitamente el compromiso de renuncia de cualquier "cargo público" en caso de ser "imputado o condenado por las faltas y delitos que se determinarían en el Reglamento [...] delitos de corrupción, económicos, acoso sexual, violencia de género, pederastia, matrato infantil, contra los derechos de los trabajadores...".
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Sin embargo, ese código ético presentado por la formación morada en 2014 ha sufrido fuertes remodelaciones, rebajando las exigencias morales de sus integrantes con el paso del tiempo, permitiendo ahora que Alberto Rodríguez no deba renunciar a ningún cargo público que ostente.
Cambios que ha promovido Ione Belarra desde su llegada a la secretaría General de Podemos, en mayo de 2021, y que proporcionaban una herramienta ética nueva a los cargos políticos podemitas para mantenerse en sus empleos públicos a pesar de su imputación o condena en casos penales.
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Algo de lo que también se han beneficiado otros podemitas, 'protegidos' por el nuevo código ético de Belarra, como es el caso de Isa Serra, condenada en el mes de julio a 19 meses de prisión e inhabilitación por un delito de atentado a la autoridad con lesiones; una condena que, con el nuevo código ético de Podemos, provoca que, a pesar de que Serra no pueda presentarse a ningún cargo público, sí pueda continuar como portavoz nacional de Podemos.