Dina Bousselham, asesora de Pablo Iglesias durante su etapa de diputado en el Parlamento Europeo, denunció el 1 de noviembre el robo de su teléfono móvil, mientras estaba con su pareja en el centro comercial de Ikea.
Tres años después, durante un registro en la casa del comisario José Villarejo, la Policía descubrió varios archivos informáticos que podían proceder de este teléfono; concretamente, de la tarjeta de memoria del Sony Xperia Z2 que le había robado a Bousselham.
Datos que también fueron publicados por OkDiario, en relación a unos comentarios machistas que había realizado Iglesias sobre Mariló Montero en el chat de Telegram de la asesora, lo que provocó que el lider de la formación morada acusara al diario de Inda de formar una "organización criminal" con el ex comisario.
Sin embargo, el vicepresidente segundo se ponía a sí mismo contra las cuerdas en su declaración ante el juez, el pasasdo mes de marzo.
Y es que el podemita reconocía ante el juez que, en enero de 2016, el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, le citó en su despacho para entregarle la tarjeta de memoria, que había llegado a la redacción de la revista Interviú; en el mismo despacho, además, ambos comprobaron que la tarjeta estaba en perfecto estado, y su contenido al completo estaba visible.
El líder de Podemos tardó seis meses en devolver la tarjeta a su propietaria quien, no sólo ocultó la recuperación del material a la Policía, sino que cuando lo depositó en la Audiencia Nacional, la tarjeta se encontraba inutilizada.
La Fiscalía pone contra las cuerdas a Iglesias
Ahora, la Fiscalía Anticorrupción ha remitido al juez que instruye el 'caso Villarejo' un duro informe contra el líder de Podemos.
En dicho documento, la Fiscalía afirma que el vicepresidente segundo podría haber incurrido en un delito de obstrucción a la Justicia, por ocultar una de las pruebas fundamentales del "caso Dina". (O él o yo. ¡¡Divorcio Calviño-Iglesias!!)
También le acusan de un delito de "revelación de secretos", al acceder sin consentimiento a las fotografías y comunicaciones privadas de su asesora, y conservarlas en su poder durante seis meses antes de devolver la información a su propietaria.