A pesar de la evidente pérdida de músculo en las calles, y a pesar de la evidente falta de apoyo ciudadano, los radicales independentistas, principalmente los CDR, siguen manteniendo su brutal desafío al Estado español, asegurando a través de comunicados en sus redes sociales que este otoño volverá a ser "caliente" en la autonomía catalana.
Una clara amenaza que desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se han tomado muy en serio, advirtiendo de que los grupos más radicalizados han comenzado a reorganizarse tras la pandemia, a pesar del batacazo sufrido en la celebración del cuarto aniversario de la declaración unilateral de independencia del 1-O.
Algo que ha llevado a las sedes de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) de Cataluña a reforzar los edificios de Hacienda ubicados en Cataluña con seguridad privada, ya que estas sedes administrativas españolas son uno de los principales objetivos de las acciones violentas de los radicales.
"A partir de la convulsa situación política que se ha manifestado en Cataluña a partir de octubre de 2017, se han necesitado refuerzos contínuos en las sedes, en momentos puntuales en algunos casos y con cierta periodicidad en otros [...] con una mayor presencia de seguridad [..] y coordinación efectiva con las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado" defienden en los pliegos publicados desde la AEAT.
Entre 5 y 7 millones de euros públicos
Así pues, ante las evidentes amenazas independentistas, el organismo administrativo considera que es necesario mantener, en un plazo medio y corto de tiempo, un refuerzo de seguridad en sus instalaciones catalanas, pujando por ello un nuevo contrato público que ascendería a los más de cinco millones de euros para dos años.
En concreto, la AEAT cuenta con un coste previsto inicial de 5,1 millones de euros, aunque no descarta modificar el contrato, con un aumento del 5% en la cantidad, "si por motivos de la situación de inestabilidad política se produjeran incidentes de orden público, motivados por la situación en que se encuentra la comunidad", que provocaran "destrozos" o "amenazas" que requieran un "incremento de las medidas de seguridad".
Un incremento que supondría que el contrato pudiese ascender hasta alcanzar un máximo de los 7,6 millones de euros de gasto público en proteger la Hacienda de todos de los independentistas más radicales.
"Resulta más que evidente que esta situación de política convulsa no ha finalizado" lamentan desde la AEAT, que justifican así el gasto que deben soportar, de nuevo, millones de españoles, ante la desobediencia y el desafío catalán que, una vez más, amenaza la paz y el bolsillo de toda la ciudadanía española, así como la de todos los catalanes.