El juez que instruye la investigación del presunto fraude en subvenciones para formación recibidas por UGT-Andalucía ha procesado a cinco exresponsables del sindicato.
También tendrán que pasar por el tribunal una decena de «proveedores de confianza» con los que apalabraban facturas falsas por servicios no prestados que endosaban a la Junta.
El auto de procesamiento cifra en 40,7 millones de euros el "cómputo de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria".
Durante más de cuatro años, el perito judicial ha estado examinando una treintena de expedientes. En 14 de ellos existe un presunto fraude.
En el auto, de 3 de diciembre, el juez de Instrucción 9 de Sevilla procesa por presuntos delitos de fraude en subvenciones y falsedad documental a Fernández, Fresneda, la exsecretaria de Gestión Económica María Charpín, la responsable de la Central de Compras del sindicato Dolores Sánchez y el gerente de Soralpe, Enrique Goicoechea.
El instructor archiva la causa contra otros siete investigados, entre ellos el antecesor de Fresneda al frente del sindicato durante 15 años, Manuel Pastrana, por motivos de salud.
Fresneda, una pieza clave en el fraude
Para el instructor, "en el desarrollo de esta mecánica defraudatoria dentro de UGT-A, era de especial relevancia la labor de Fresneda, que "se encargaba de la selección directa de los proveedores".
Además, Fresneda negoció de forma personal con cada uno de los proveedores los descuentos que les aplicarían y que no figurarían en las facturas correspondientes.