La campaña electoral parece haber dado comienzo ya en Cataluña. Y ha vuelto el discurso antiespañol más descarnado. En las últimas horas se han producido dos duros ataques contra la Guardia Civil y el Tribunal Supremo por parte de representantes de Esquerra Republicana, uno de los partidos que sostiene al "socio" Pedro Sánchez en el poder.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este martes que nadie en el Gobierno rehúye hablar sobre el "conflicto político" en Cataluña, lo que implica que "todos converjan en unos mínimos", después de que ERC haya censurado la última operación de la Guardia Civil contra el entorno independentista, pidiéndole que ponga fin a la "ultraderecha" en el seno del Instituto Armado.
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Grande-Marlaska ha sostenido que la Guardia actúa "como procede en un Estado de Derecho" y que no puede nadie "inmiscuirse" en estas diligencias. Además, ha comentado que en el Gobierno "no se rehúye ningún conflicto político ni se le llama de otra forma".
"Pongamos todos todo lo que podamos para converger en esos mínimos que nos pide la sociedad", ha continuado antes de defender que España es una de las 20 democracias plenas y que la Guardia Civil --"nuestra" y no "suya", como le había dicho antes la senadora-- trabaja por el interés del conjunto de los ciudadanos.
ERC ha pedido este martes en el Senado que Grande-Marlaska cese al teniente coronel Daniel Baena, al frente de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Cataluña, recordando la polémica que le vincula con el sobrenombre de Tácito en redes sociales. Según Cortés, el Instituto Armado lo que hace es "boicotear cualquier proceso de diálogo" y "tácitamente está blanqueando la represión de la ultraderecha en Cataluña".
Según la senadora, el Instituto Armado "va también" contra el propio Gobierno de PSOE y Unidas Podemos porque forma parte de las cloacas del Estado, que ha vinculado con algunos jueces y medios de comunicación. "Háganle frente", le ha reclamado al ministro antes de rechazar el "espionaje político" y otras "artimañas" como las "escuchas de conversaciones confidenciales".
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En su intervención, Mireia Cortés ha recordado la reciente absolución del mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, contraponiendo esta decisión al relato de mandos de la Guardia Civil como el propio Baena o el coronel Diego Pérez de los Cobos.
En este sentido, y tras mencionar la polémica por el nombre de la última operación --por error se dijo Volhov, en lugar de Voloh--, Cortés ha acusado a este Cuerpo de actuar incurriendo en delitos de odio y de "resucitar la lucha contra el comunismo" por investigar posibles vínculos del independentismo con Rusia, algo que cree que ha motivado el "ridículo internacional" de España.
La consejera de Justicia de Cataluña ve "evidente que el TS es un actor político" en la causa de los presos del 1-O
Paralelamente, la consellera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Ester Capella, ha dicho este martes al valorar la decisión del juez de no suspender cautelarmente el tercer grado de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa, a la espera de que el Tribunal Supremo (TS) resuelva el recurso de Fiscalía: "Es evidente que el TS es un actor político en la situación de los presos y presas políticas".
En rueda de prensa desde la Conselleria, Capella ha sostenido que ninguno de los enjuiciados por el 1-O debería estar encarcelado, y ha defendido que "hacer que la gente vote y la ciudadanía se pueda expresar libremente no debería ser susceptible de ser considerado delito".
Sobre el Supremo, ha criticado el mensaje de Whatsapp que envió en un grupo con periodistas respecto a la posibilidad de que los presos a quienes se aplica el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, como los presos del 1-O en ese momento, pudieran pasar el confinamiento en casa, y a su parecer "tenía una voluntad muy clara, intimidatoria, a funcionarios públicos, a las juntas de tratamiento y a todas las personas que tengan algo que ver con lo que afecta a los presos políticos".
Ha criticado que, en el caso de la aplicación del 100.2 y los recursos a esta medida, el Supremo "se ha pronunciado en cuestiones en las que había una doctrina pacífica sobre quién las tenía que resolver: los jueces de vigilancia penitenciaria y la audiencia provincial", mientras que la nueva doctrina fijada este verano hizo que el tribunal sentenciador decidiera en último término sobre la situación de los presos del 1-O.
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En cuanto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 de Cataluña, que este miércoles ha desestimado dar efectos suspensivos al recurso del fiscal contra el tercer grado de Bassa y Forcadell, Capella ha señalado que la interpretación que ha hecho el juez "es la que hasta ahora era pacífica para todo el mundo, y no hace otra cosa que actuar conforme a la ley".
Pide al TS que aplique el derecho
"Esperemos que el Supremo tenga en cuenta también lo que dicen las resoluciones con relación a si tienen derecho o no a disfrutar del tercer grado", ha dicho en referencia a las decisiones del magistrado responsable de vigilancia penitenciaria de Forcadell y Bassa, que ya tumbó un primer recurso de la Fiscalía.
Capella ha expresado su voluntad de que tanto Forcadell y Bassa como el resto de presos del 1-O queden en libertad, y ha añadido sobre el TS: "Esperemos que no sea un actor político y aplique el derecho, que es lo que le corresponde".