Los separatistas catalanes no conseguirán la independencia a corto plazo, como pretendían, pero continúan con su labor de zapa erosionando la unidad de España con acciones puntuales que pueden parecer modestas pero que a la larga, sumadas, están llamadas a diseñar un paisaje ideal para la secesión. Dentro de esta estrategia de desgaste se encuentra la petición de ERC al PSOE de cesar a la cabeza visible de la Fiscalía General del Estado, María José Segarra.
Por un lado se trata de "castigar" a quien se mostró partidaria de acusar a los presos golpistas de rebelión y no de sedición. Es un ajuste de cuentas puro y duro. Pero, por otro, el objetivo es reforzar su estrategia de que el estado español no es democrático y no respeta la separación de poderes. Matan dos pájaros de un tiro. (La Fiscalía anda detrás de Laura Borràs por malversación y prevaricación)
Sánchez accederá al capricho independentista
Si Sánchez accede al capricho independentista -que accederá-, estará reconociendo, como ya ha hecho anteriormente, que la separación de poderes, al menos con el gobierno socialista, no existe en España, lo que supone un tanto histórico para el separatismo, que así puede justificar que las condenas del Supremo contra sus líderes son injustas.
«¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? Del Gobierno. Pues ya está». Esta metedura de pata de Pedro Sánchez en una entrevista concedida a Radio Nacional en campaña electoral, el pasado 6 de noviembre, le va a pasar factura. Si la Fiscalía depende del gobierno, ERC quiere que el gobierno se cargue a María José Segarra, que no cae bien en los ambientes golpistas. ("¿La Fiscalía de quién depende?"...¡Pues ya está!!" Sánchez quiere colgarse la medalla de la repatriación de Puigdemont a España)
Un chantaje sin fin
Y Sánchez les va a servir su cabeza en bandeja. Es tanta la necesidad que tiene Sánchez del independentismo catalán para entrar en La Moncloa con todas las de la ley, renunciando a un acuerdo alternativo con los partidos constitucionalistas, que está condenado a convertirse en rehén de la voluntad del golpismo catalán, que ahora le pasa factura con un chantaje que puede no tener fin.
En el fondo de la cuestión está el chanchullo que está a punto de perpetrar la Generalitat de Torra soltando a los responsables del golpe de estado que se vivió en Cataluña en el otoño de 2017. Tiene que parecer un accidente. Un accidente ajustado a la ley. Y para colar la suelta de los 'pájaros' conviene que los poderes judiciales del estado miren hacia otro lado.
No parece ser esa la opción elegida por María José Segarra. Y por eso molesta y conviene sacarla de enmedio. No interesa que la Fiscalía se cruce ante la decisión inminente de los Servicios Penitenciarios de soltar a los presos independentistas con un segundo o tercer grado por ser tan majos y mostrar una conducta excepcional. (El Supremo rechaza la petición de la fiscalía sobre el tercer grado de los presos)
María José Segarra molesta
María José Segarra no es dudosa. Su trayectoria confirma su vocación de servir al estado desde su cargo de responsabilidad apelando a la justicia en todas sus decisiones. Y es evidente que no bendecirá la cacicada que se está preparando con los presos y que el gobierno intentará colar como si aquí no hubiera pasado nada.
Y se entiende que los negociadores independentistas tengan enfilada a María José Segarra porque la Fiscalía se ha opuesto a todas las reclamaciones de los acusados. Y se opondrá a la concesión de un tercer grado, o un segundo pero con aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que les permitiría disfrutar de las mismas condiciones que si se acogieran al tercer grado. De hecho, durante el juicio del Supremo, la Fiscalía reclamó una sentencia que no permitiese a los condenados disfrutar del tercer grado sin antes haber cumplido la mitad de la pena, algo que no se da en este momento. Además, la Fiscalía no rebajó su petición de rebelión para calificar los hechos del 1-O para cambiarla por sedición, tal como sí ocurrió con la Abogacía del Estado, más dispuesta a cumplir órdenes del ejecutivo.
Justicia de quita y pon
Lo mejor, por tanto, es sacarla de enmedio y colocar en su lugar a alguien más predispuesto a obedecer la voluntad del gobierno. El problema ahora es de calendario, dado que María José Segarra no podrá ser cesada antes de que se aplique una calificación a los presos sobre el régimen en el que deben cumplir su condena. Por tanto, tendrá capacidad para reaccionar. (La primera decisión que tomará Pedro Sánchez: ¡Cargarse a la fiscal María José Segarra!)
Sánchez tuvo que destituirla cuando cesó el Gobierno. Ahora tendrá que esperar a la investidura y al nombramiento de un nuevo gobierno, porque como ejecutivo en funciones no puede tomar esa decisión. Hasta entonces, Segarra podrá seguir incordiando a los nacionalistas catalanes cortándoles el paso cuando intenten saltarse de nuevo la ley.
Intentarán vestirlo bien para que el tema, que no es menor, pase desapercibido, pero la cacicada está ahí. Flaco favor le va a hacer Pedro Sánchez al estado de derecho del que presumen todos los españoles. Si la justicia es de quita y pon en función de los intereses del presidente de gobierno, es que la justicia no funciona en España. Otro "favor" que debe agradecer Sánchez a sus amigos independentistas, que van a acabar con él.