La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha explicado que los líderes soberanistas de su partido encausados quieren que el juicio que se celebrará próximamente en el Tribunal Supremo sirva para "acusar el estado de persecución judicial a un movimiento político que es legítimo".
En la rueda de prensa posterior a la reunión de la de la dirección del partido, ha confiado en que todo el proceso judicial tenga un 'efecto boomerang' y sirva para poder ver en un futuro no muy lejando al Estado "sentado en el banquillo de los acusados". (La última concesión a los presos: No irán esposados durante el juicio)
La estrategia de la defensa golpista
"El hecho de sentar al Estado en el banquillo de los acusados acabará pasando y haremos lo imposible para que pase lo antes posible. Este era al precio al que se arriesgaba --el Estado-- y lo acabará pagando", ha vaticinado la dirigente del partido de Oriol Junqueras, uno de los líderes que serán juzgados.
Vilalta ha adelantado que la estrategia de ERC tendrá tres pilares: defender la actuación política de los líderes independentistas enjuiciados; el rechazo a los delitos que se les imputan, porque "hacer un referéndum no es ningún delito"; y acusar al Estado de vulneración de los derechos fundamentales. (ERC chantajea al Estado por el juicio de los presos)
ERC exige la libre absolución de todos los encausados y asegura que ya se está visualizando internacionalmente que este juicio no tiene sentido: "Y nos encargaremos de que se visualice aún más mientras dure el juicio, un juicio contra la democracia y a la democracia".
Y Cuixart va en la misma línea
Por su partek el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ya ha adelantado que seguirá esta misma línea y acusará al Estado de vulnerar derechos fundamentales en el escrito de defensa del juicio: "No presentamos un escrito de defensa, presentamos un escrito de acusación ante el Estado".
Lo han explicado el vicepresidente de la entidad, Marcel Mauri, junto a los abogados Magda Oranich, Gemma Calvet, August Gil Matamala, Carme Herranz y Olivier Peter, y acompañado de otros juristas. (Los golpistas quieren que el juicio del 1-O salga caro a la justicia española)
"Un juicio sin garantías"
Mauri ha afirmado que el juicio sobre el proceso independentista será "un juicio político en el que se evidenciará la vulneración de derechos fundamentales", como el de la libertad de expresión, de reunión, de disidencia política, de la autodeterminación de Catalunya, y lo considera un juicio sin garantías.
Por eso, el objetivo del escrito de defensa que presentará el equipo jurídico de Cuixart será "explicitar que hay una serie de derechos fundamentales que han sido vulnerados".
"Ante esta situación de excepcionalidad, el escrito de acusación demuestra la vulneración de derechos fundamentales que han sufrido los presos políticos", ha destacado Mauri, que cree que en el juicio los presos soberanistas no deben defenderse de nada. (ERC quiere convertir en un patético show internacional el juicio a los presos)
Ha insistido en que el Estado "ha suspendido los derechos políticos democráticos para preservar su unidad y ha enviado un mensaje claro: la unidad de España está por encima de los derechos más básicos".
Para él, esto no solo afecta al independentismo, sino a todos los ciudadanos del Estado, y ha sostenido que "en una democracia madura la unidad del Estado no se puede blindar a costa de amputar derechos".
Las mentiras del Procés
Gemma Calvet ha asegurado que el Estado está vulnerando el derecho a la libertad de expresión y convirtiendo su ejercicio "en un delito".
"La Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox quieren incriminar conductas amparadas en la libertad de expresión", como actividades que difunden opiniones favorables al independentismo.
Magda Oranich ha argumentado que la causa del Tribunal Supremo contra el proceso independentismo es una "amenaza directa a un derecho esencial como el derecho a reunión pacífica y manifestación".
Ha afirmado que la justicia del Estado ha utilizado la acusación contra los dirigentes soberanistas "como un castigo por haber desafiado el 'status quo'", y ha acusado al poder judicial de abusar de la prisión provisional. (El sedicioso Cuixart vierte mierda contra España desde prisión)
"El tribunal no es competente"
Por su parte, August Gil Matamala ha relatado que el Supremo es un "tribunal incompetente" para juzgar esta causa, ya que cree que se basa en hechos producidos exclusivamente en Catalunya, por lo que considera que el juicio debería hacerse en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
Asimismo, ha alertado de que durante la instrucción se han cometido vulneraciones de garantías procesales, de manera que será "un juicio sin garantías que vulnera el derecho fundamental a un proceso equitativo".
Además, Carme Herranz ha avisado de que en este juicio "no se juzgan unos hechos, se juzga una ideología", porque, según ella, se trata de una causa general contra el conjunto del independentismo.
Así, ha recriminado que se acuse a los encausados de rebelión cuando, a su juicio, no existió ninguna violencia y ha apuntado que se ha "construido un tipo de violencia de laboratorio aplicando un criterio jurídico diferenciado".
"Un juicio a la democracia"
Sobre el derecho a la autodeterminación, Olivier Peter ha razonado que este juicio también vulnera el derecho a la autodeterminación de Catalunya y que la acusación "construye su relato sobre las ruinas de derechos fundamentales".
"Estamos a la víspera de un juicio político, un juicio a la democracia. Estaba dirigido a desarticular a los líderes políticos y sociales, presionarlos para que bajaran la cabeza y renunciasen" a su objetivo de la independencia, pero ha asegurado que no lo han conseguido.