El Sindicato de Enfermería, Satse, ha denunciado que, transcurridos más de dos años desde la entrada en vigor del Real Decreto de prescripción enfermera, ocho comunidades autónomas siguen aún sin acreditar a sus enfermeras y enfermeros para que puedan vacunar de la COVID-19 sin obstáculos burocráticos o administrativos que perjudiquen la estrategia prevista por el Gobierno.
A pocas horas de que se inicie en nuestro país el plan de vacunación de la COVID-19 previsto por el Ministerio de Sanidad, Satse ha constatado que las enfermeras y enfermeros de Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia, así como en Ceuta y Melilla, siguen sin contar aún con el respaldo legal necesario para que, una vez acreditados, puedan indicar y usar medicamentos con todas las garantías y seguridad jurídica, caso, por ejemplo, de las vacunas contra el coronavirus, señala a través de un comunicado remitido a Europa Press.
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Por el contrario, Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi y Navarra sí han reflejado en su regulación autonómica lo estipulado en el Real Decreto que regula desde 2018 en España la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de las enfermeras y enfermeros.
Según el Sindicato de Enfermería, el incumplimiento de lo establecido por la norma estatal por parte de las ocho comunidades se debe a una clara "falta" de voluntad política y de reconocimiento al desarrollo profesional a las enfermeras, ya que la tramitación administrativa a realizar por su parte es tan "sencilla y rápida" que podría hacerse realidad en unos días.
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Satse subraya que, en el caso de Aragón, Asturias, Castilla y León Extremadura y La Rioja se cuenta, al menos, con un borrador de la regulación, pero en Galicia, Madrid y Ceuta y Melilla está aún pendiente. En el caso de Murcia sigue también pendiente a pesar de existir un compromiso expreso del presidente autonómico para que estuviese resuelto en el pasado mes de octubre.
El Sindicato incide en que el hecho de que las enfermeras y enfermeros no puedan contar con la regulación necesaria para que puedan vacunar con todas las garantías y seguridad jurídica es especialmente grave en una situación como la que se va a producir en los próximos meses cuando se administrará la vacuna de la COVID-19 a millones de personas, añade.
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El hecho de que las enfermeras y enfermeros no estén acreditados aún para indicar, utilizar y autorizar la dispensación de fármacos, como las vacunas, supone en la práctica que cualquier persona debe tener antes una necesaria prescripción clínica lo que conlleva más lentitud, burocracia e ineficacia. "Más problemas y esperas para los pacientes y, por supuesto, para las enfermeras y enfermeros que no tienen aún acreditada una actuación asistencial que realizan de forma habitual", apunta.
Satse no encuentra razón alguna al claro desinterés y manifiesta desidia de las ocho autonomías que no pasan de las "buenas palabras" y siguen sin acreditar a sus enfermeras y enfermeros y les vuelve a reclamar que, de una vez por todas, den una rápida solución a un problema que perjudica por igual a los profesionales y a las cientos de miles de personas a las que atienden cada día en sus respectivos centros sanitarios y sociosanitarios.