La consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha recordado a los propietarios de locales comerciales que no están aceptando la ley validada por el Parlament que les obliga a rebajar al 50% el alquiler de los locales cerrados por la Covid-19 si no llegan a un acuerdo con los inquilinos que "en Cataluña se aplica la normativa catalana".
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Capella ha explicado este jueves, tras una reunión con los responsables de Comertia, que el decreto ley aprobado en diciembre por el Gobierno no aplica en Cataluña, donde rige el código civil catalán.
Preponderancia de la ley catalana
"Esto puede sorprender a alguien", ha apuntado la consellera, que ha subrayado que la preponderancia de la ley catalana también se aplica en ámbitos como el matrimonio o la compraventa de inmuebles, entre otros.
En este sentido, la responsable de Justicia ha apuntado que "no hay duda de qué ley se aplica; los tejemanejes legales no funcionan" y ha recordado que el propio decreto ley del Gobierno español reconoce la aplicación de las competencias que pueda tener cada comunidad autónoma con código civil o foral propio.
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"Para hacer negocios en Cataluña se tiene que respetar la competencia y el marco legal del Govern", ha insistido Capella, que también ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los tenedores, ya que no cumplir la norma obligará a devolver los alquileres cobrados de forma indebida, además de las indemnizaciones por daños y perjuicios que pueda haber.
95% de acuerdos
El presidente de Comertia, David Sánchez, ha explicado que el 95% de los propietarios "han entendido" la necesidad de encontrar soluciones a la crisis y que incluso se están realizando negociaciones mes a mes para actualizar el acuerdo con el transcurso de la pandemia.
Sin embargo, ha emplazado al 5% restante a trabajar para "superar todos juntos" la crisis y ha subrayado que habrá pérdidas que deben ser compartidas por los distintos actores económicos.
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Sánchez ha aprovechado su intervención para pedir que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se mantengan hasta finales de año, nuevas inyecciones de tesorería a las empresas por parte de todas las administraciones ya que "las compañías no pueden apalancarse más" y una rebaja de impuestos que incluya una reducción de entres dos y tres puntos del IVA.
Evitar la destrucción de empleo
Capella ha insistido en que la voluntad del Decreto Ley aprobado por la Generalitat en octubre de 2020 es evitar la destrucción de puestos de trabajo y proteger la actividad económica.
"Tenemos que evitar el cierre de empresas porque si lo hacen, no las podremos recuperar", ha alertado la consellera.