El coronavirus se ha expandido por todo el mundo a una velocidad vertiginosa, lo que ha convertido a esta pandemia en una amenaza letal en muchos países.
Se calcula que, a estas alturas de año, hay más de 998.000 de casos confirmados de pacientes con coronavirus, y se han registrado 51.335 muertes a causa del virus de Wuhan.
Esto ha provocado que muchos gobiernos impongan a sus ciudadanos distintas medidas de protección y aislamiento contra el virus, siendo la más generalizada la cuarentena obligatoria, con penas económicas a quienes se la salten.
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha llevado aún más lejos esta prohibición, llegando a amenazar de muerte a quienes violen la restricción de confinamiento en su país.
"No dudo. Mis órdenes son para la policía y el Ejército. Si hay problemas o surge una situación en la que la gente pelea y sus vidas están en peligro, disparen a matar" ha anunciado en un discurso televisado.
Las ayudas no llegan; el hambre sí
Estas estrictas normas de cuarentena llevarán a millones de ciudadanos filipinos a pasar hambre, ya que actualmente, muchos de ellos sobreviven bajo el umbral de la pobreza.
Para evitar que sus ciudadanos mueran de inanición, el Congreso filipino ha aprobado una serie de "poderes especiales" para el presidente, entre los que se incluyen una provisión de 200.000 millones de pesos (4.000 millones de dólares) para repartir entre los 18 millones de hogares desfavorecidos del país.
Sin embargo, esta cantidad se encuentra actualmente bloqueada por el Gobierno de Duterte, mientras se afirma que el Gobierno aún está elaborando "una base de datos consolidada" para controlar quiénes serán los beneficiarios de esta medida extraordinaria.
Mientras tanto, los partidos y asociaciones opositoras afirman que "no se puede esperar que la gente permanezca en silencio si sus estómagos se revuelven", en una clara advertencia de movilizaciones contra el Gobierno de Duterte si las medidas económicas no llegan con rapidez al pueblo filipino.