La vicepresidenta y portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha dado un último golpe de efecto en las negociaciones para formara Govern en Cataluña: y es que, a pesar de los rumores que apuntaban a que la independentista se convertiría en la nueva Consellera de Economía y Hacienda, ella misma ha decidido dar un paso al lado, rechazando formar parte del Govern de Pere Aragonès.
Así se lo habría comunicado, según ha podido saber La Vanguardia, tanto al líder de la formación, Carles Puigdemont, como al secretario general. Jordi Sánchez.
A través de un comunicado público, Artadi ha explicado que seguirá al frente del equipo municipal de Junts en Barcelona, centrándose en su cargo de concejal por la formación en la Ciudad Condal.
No es un botellón ni es Madrid: los indepes son inmunes para todo
Según este documento oficial, la número 3 de JxCat rechazaría formar parte del Govern debido a su "total compromiso con Barcelona, con el trabajo en el Ayuntamiento" y su promesa de "hacer realidad el cambio en el Gobierno municipal a las elecciones del año 2023.
Una renuncia que ha provocado que comiencen a sonar nuevos nombres para la Consellería económica, como Jordi Puigneró, Miquel Sàmper, Meritxell Budó, Gemma Geis o Josep María Argimon.
Carles Puigdemont, tocado y hundido
Sin embargo, la renuncia de Artadi a la Consellería de Economía y Hacienda no sólo ha supuesto un varapalo para Jordi Sánchez e incluso para el propio Pere Aragonès, sino que también ha sido una puñalada brutal contra los planes de Carles Puigdemont.
Y es que el nombramiento de su mano derecha en Barcelona como consellera habría hecho posible que el fugado de Waterloo volviese a tener acceso a las cuentas públicas de la Generalitat, pudiendo actuar 'en la sombra' para aprobar medidas y subvenciones a su conveniencia.
Subvenciones entre las que se podría encontrar un apoyo económico considerable al Consell per la República organizado por Puigdemont, que se encuentra en graves dificultades de financiación,y que podría haberse convertido en un nuevo ente privado independentista financiado desde el Govern con dinero público.