La Congregación para la Doctrina de la Fe ha ordenado que el exsacerdote de Vilobí d'Onyar (Girona) investigado por abusos la "prohibición total" de ejercer públicamente el ministerio, mantener contacto con menores y la obligación de pedir perdón a las víctimas.
En un comunicado este lunes del Obispado de Girona, ha dicho que el Vaticano ha tomado esta resolución después de la investigación previa que realizó relativa al párroco Tomàs Pons.
La investigación interna comenzó después de que varios exalumnos del colegio concertado Bell-lloc de Girona afirmaran haber sufrido abusos por parte del sacerdote entre finales de los años 60 y mediados de los 90, periodo en el que el religioso colaboró con el centro.
El obispo, Francesc Pardo, puso en marcha el 4 de febrero una comisión "con el objetivo de esclarecer los hechos, y acoger, escuchar y acompañar a las posibles víctimas".
El Obispado envió el 29 de marzo a la Congregación para la Doctrina de la Fe las actas de la investigación previa, y paralelamente presentó copia a la Fiscalía de Girona, que respondió archivando las diligencias por prescripción.
Ha afirmado que se interesó "personalmente y por escrito" ante la Congregación durante este tiempo sobre el estado de esta investigación, al tiempo que ha mantenido contacto con los denunciantes.
El Obispado ha explicado que el 7 de julio, tras estudiar las actuaciones efectuadas, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha impuesto al religioso la "prohibición total" del ejercicio público del ministerio, de administrar el sacramento de la penitencia, de mantener cualquier tipo de contacto con menores y de visitar las poblaciones donde ejerció.
Asimismo, la Congregación también ha impuesto la obligación de residencia donde determine el obispo, llevar una vida de penitencia y oración y de pedir perdón a las víctimas.
El obispo de Girona, Francesc Pardo, ha comunicado personalmente al capellán estas medidas y ha requerido que se haga un seguimiento de su ejecución y cumplimiento, así como ha informado a las víctimas de las medidas acordadas.
El Ayuntamiento lo ve "insuficiente"
El Ayuntamiento de Vilobí d'Onyar ha expresado en un comunicado que ve "insuficientes" las medidas impuestas por El Vaticano, y ha pedido su resolución en los tribunales para que haya consecuencias penales.
"Estos delitos no deberían prescribir y sería necesario que fueran juzgados por tribunales", ha apuntado el consistorio en un comunicado, en el que ha asegurado que el Ayuntamiento siempre estará al lado de los afectados.