“El Ministerio de Sanidad de Salvador Illa, a través de Ingesa, ‘cuela’ memorias justificativas como si fueran contratos”, denuncia ‘ElCierreDigital’.
“Se amplía la denuncia ante anticorrupción por la compra de material sanitario tras la publicación de los contratos sospechosos en el BOE”, apunta el citado medio.
“El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dirigido por Alfonso Jiménez Palacios, y dependiente del Ministerio de Sanidad, de Salvador Illa, está haciendo pasar memorias justificativas por contratos que adjudica a empresas para el suministro de material sanitario. Además, se amplía la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por la compra de material sanitario, tras la publicación en elcierredigital sobre la poca transparencia en el BOE de los contratos para el suministro de material”, informan.
Una nueva controversia jurídica para el cuestionado Gobierno socialcomunista liderado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que ha obligado a Salvador Illa a salir al paso para intentar justificar sus chanchullos.
Illa lo achaca a "un error administrativo"
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que "un error administrativo" fue el responsable de que contratos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) fueran publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sin que figurase la dirección de la empresa adjudicataria.
Según ha reconocido en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, hubo hasta 14 contratos del Ingesa, dependiente del Ministerio de Sanidad, que fueron publicados sin hacer constar la dirección de la empresa.
Sin embargo, ha garantizado que fue debido a "un error administrativo" que será subsanado para cumplir con todos los requisitos legales.
Falta de transparencia
Además, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que el Ejecutivo está "valorando" la posibilidad de levantar la suspensión de plazos administrativos para dar respuesta a las consultas realizadas en virtud de la Ley de Transparencia.
El decreto de estado de alarma aprobado por el Gobierno a mediados del mes de marzo paralizó todos los plazos administrativos, entre ellos los vigentes para dar respuesta a las consultas volcadas en el Portal de Transparencia.
Montero ha apuntado que el Gobierno "va a valorar" la posibilidad de levantar esta suspensión.
Según ha explicado, todos los plazos administrativos fueron suspendidos para "evitar perjudicar al ciudadano" en asuntos como recursos en materia tributaria o evitar los desplazamientos, pero ya se han empezado a "activar" algunos de esos plazos y el Gobierno va a "valorar" también lo relativo a la ley de transparencia.