El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha estimado parcialmente el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra varias resoluciones de la Conselleria de Educación de la Generalitat en materia de uso de las lenguas vehiculares en la enseñanza y obliga a un mínimo del 25% de enseñanza en castellano dentro del sistema educativo de Cataluña.
La sentencia de la Sección Quinta de la Sala del Contencioso administrativo del TSJC declara "la obligación de la Generalitat de adoptar las medidas necesarias para que garantice que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determine, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso".
En la sentencia, el TSJC analiza la normativa sobre las lenguas vehiculares y, de acuerdo con la información requerida y aportada por la Conselleria de Educación, señala que la media de horas de uso del castellano en los centros de enseñanza es del 18% en el caso de la Primaria, del 19% en los centros de ESO y del 26% en el Bachillerato.
El TSJC señala que 5 de los 184 centros incluidos en la muestra imparten íntegramente en castellano un 25% de las áreas o materias, de las que al menos una es troncal, además del castellano, en todos los cursos o grupos: cumplen el estándart un 2% de los centros de Primaria y un 12% de los centros de Bachillerato.
"Uso residual del castellano"
El tribunal asegura que de la documentación aportada y la prueba practicada en el recurso se desprende que, "en conjunto, el uso vehicular de la lengua castellana en el sistema de enseñanza en Cataluña es residual, o al menos así es en una parte significativa de centros y grupos docentes, de forma que se constata una infracción del marco jurídico vigente".
El TSJC determina que esta situación resulta contraria a la Constitución de acuerdo con la doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional y legitima una acción jurisdiccional contra la "inactividad" de la Generalitat, y asegura que el Govern no ha ejercido su competencia dictando la normativa, las instrucciones o los actos de aplicación que sean necesarios a los efectos de determinar el uso vehicular de las lenguas en la enseñanza ni ha ejercido una actividad de control.
El tribunal señala que la presencia mínima ha sido fijada por la jurisprudencia en un uso vehicular mínimo del 25% de las horas lectivas que, además de la enseñanza de la propia lengua oficial tiene que incluir al menos el de otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análoga.
El principio de no discriminación por razón de lengua
La sala desestima, sin embargo, la petición de que se modifiquen los impresos de preinscripción escolar para que los padres tuvieran acreditado que el castellano sería lengua vehicular en todos los casos, dado que con el cumplimiento del porcentaje mínimo del 25% este ya garantizaría el acceso y uso de ambas lenguas desde Infantil.
El tribunal señala que el principio de no discriminación por razón de lengua establecido en el Estatut "impone un sistema de una única línea bilingüe, sistema que excluye por su propia naturaleza la libertad de opción por parte de los usuarios".
El TSJC ha subrayado que la Ley de Educación de Cataluña (LEC) ha sido consecuente con este planteamiento, estableciendo un sistema de apoyo lingüístico en los alumnos que lo requieren a los efectos de facilitar su integración en el momento de incorporarse al sistema, por lo que el hecho de que las resoluciones de preinscripción impugnadas no incluyan la opción de la lengua vehicular éstas no pueden ser consideradas "ilegales".
Ante la sentencia emitida por la sala del TSJC, que no es firme, puede presentarse recurso de casación.
El Govern adelanta que desobedecerá la sentencia del TSJC
La Conselleria de Educación de la Generalitat ha respondido a la sentencia advirtiendo que recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) hecha pública este jueves, que obliga a un mínimo del 25% de la enseñanza en castellano.
En un apunte en Twitter, el departamento ha avisado que la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE) --conocida como 'Ley Celaá'-- "dejará sin efecto" la sentencia cuando entre en vigor.
La Conselleria también ha lamentado que la sentencia haya llegado antes a los medios de comunicación que a ellos mismos, y ha afirmado que el tribunal "pretende regular la política educativa cuando es competencia del Parlament".
Cs insta al Gobierno a hacer cumplir la sentencia en Cataluña
Por su parte, Ciudadanos, el partido más votado en Cataluña en sus últimas elecciones autonómicas, ha instado al PSOE a rectificar en el Senado el proyecto de ley de educación del Gobierno, la conocida como 'ley Celaá', después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya determinado este jueves que la Generalitat debe garantizar al menos un 25% de la enseñanza en castellano en el sistema educativo.
"Hoy es un gran día para quienes llevamos años denunciando la pasividad del bipartidismo y los atropellos en la educación del separatismo", ha escrito la portavoz de Cs en el Senado y en el Parlament de Cataluña, Lorena Roldán, en un mensaje en Twitter, donde ha señalado que "el PSOE aún puede rectificar" en la Cámara Alta.
También la portavoz de Educación de la formación naranja en el Congreso, Marta Martín, se ha dirigido a los socialistas. "Y ¿ahora qué, PSOE? ¿Van a hacer al PSC seguir defendiendo la inmersión lingüística inflexible? ¿O van a admitir la enmienda que Ciudadanos propone a la ley Celaá-Otegi-Torra? Están a tiempo. Hoy", ha dicho en la misma red social.
La 'ley Celaá', que actualmente se encuentra en tramitación en la Cámara Alta, fue aprobada en el Congreso con una enmienda acordada entre el PSOE, Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que elimina el carácter vehicular del castellano en las escuelas de aquellas comunidades autónomas donde hay otra lengua cooficial. Cs dijo que no apoyaría los Presupuestos Generales del Estado si no se revertía esta medida, pero el Gobierno no cambió de posición.
Las enmiendas presentadas por la oposición a la 'ley Celaá' se debaten este jueves en la Ponencia de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, que emitirá un dictamen el viernes. Los partidos socios del Gobierno han renunciado a plantear modificaciones en el Senado --donde juntos suman mayoría absoluta-- y el Ejecutivo espera que el dictamen sea aprobado en el Pleno del próximo 23 de diciembre.
Si no hubiera cambios respecto al texto que salió del Congreso, ya solo faltaría la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado, pero si se introducen enmiendas, estas deberán ser ratificadas por el Pleno de la Cámara Baja, que mantiene abierta la posibilidad de un último debate el 29 de diciembre.