El reparto indiscriminado de subvenciones a ONGs afines puede significarle a Ada Colau su final como alcaldesa de Barcelona. El Tribunal de Cuentas la está investigando y la cosa puede acabar muy mal para ella.
Primero fue la Fiscalía. Ahora es el Tribunal de Cuentas el que está investigando las subvenciones que habrían recibido diferentes ONG afines a Ada Colau.
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La denuncia la ha cursado la Sociedad General de Aguas de Barcelona, que sostiene que Ada Colau podría haber cometido ilegalidades en el proceso de impulso de la municipalización del agua en la ciudad.
El reparto del botín
Según esta denuncia, de la que informa El Mundo, la ONG Ingenieros Sin Fronteras habría recibido 852.633 euros en subvenciones del consistorio entre 2016 y 2018 y 271.437 euros entre 2012 y 2015.
Además, el Observatorio DESC habría recibido más de medio millón de euros entre 2016 y 2018. Lo mismo que la Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona.
Sociedad General de Aguas de Barcelona sospecha una entrega presuntamente irregular de los fondos públicos a diferentes asociaciones vinculadas a los miembros del Gobierno de Barcelona.
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Entienden los denunciantes que se han producido “subvenciones desproporcionadas” desde al ayuntamiento barcelonés que alcanzan el triple de las subvenciones que concedió el Gobierno de Xavier Trias (271.000 euros) durante el periodo de 2012 a 2015.
Los denunciantes hablan de una conspiración urdida por asociaciones “aparentemente independientes” con el fin de generar un “clima denigratorio” contra el actual prestatario del servicio de aguas de Barcelona. Por eso, alegan que se ha producido un “menoscabo de caudales públicos”.
Y sostiene que Ada Colau era conocedora de los planes de las asociaciones que se lucraban con los fondos públicos. “Aquellos objetivos motivaron buena parte del incremento de las subvenciones que el Ayuntamiento de Barcelona les ha destinado en los últimos años”, añade.
En total son 6,4 millones de euros concedidos a diferentes asociaciones vinculadas al Gobierno de Ada Colau. Entre ellas la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en la que la alcaldesa se hizo popular en el pasado por su labor como activista, antes de meterse en política.
La investigación va más allá de Ada Colau y alcanza a la concejal de Derechos Sociales, Laura Pérez, y a las antiguas ediles Gala Pin y Laia Ortiz.