El Tribunal de Cuentas ha aprobado su informe sobre el uso de 'embajadas' catalanas para promocionar el separatismo. Dicho informe destapa el vergonzoso 'chiringuito catalán' en el extranjero pagado por todos los catalanes y retrata a los líderes independentistas.
El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado su informe sobre las denominadas 'embajadas' catalanas y al Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, que el Gobierno central liquidó en diciembre de 2017 bajo el amparo del artículo 155 de la Constitución.
Su conclusión es que buena parte de esos fondos públicos se usó para promocionar en el extranjero el desafío independentista, incumpliendo la legalidad e invadiendo competencias del Estado.
Se trata del informe que a finales de 2017 encargó la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. (¡Ni exiliados ni presos políticos! Se acabó la tontería en TV3)
Lo hizo a instancias del PP, que presentó una iniciativa, apoyada por PSOE y Ciudadanos, para aclarar si los fondos destinados a la acción exterior catalana se habían utilizado "conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia".
El informe aprobado revela que el presupuesto total de la Generalitat destinado a la acción exterior entre 2011 y 2017 fue de al menos 416,8 millones de euros, si bien en esta cantidad no figuran otros gastos de personal de la Secretaría de Acción Exterior y de la UE del Departamento de la Presidencia del periodo que va entre 2011 y 2015.
El gasto total de las delegaciones catalanas ('embajadas') en el extranjero durante el periodo fiscalizado ascendió al menos a 27,2 millones a actividades de las delegaciones catalanas en el extranjero -sin incluir gastos por seguros sociales-.
La embajadas catalanas costaron, al menos, 27,2 millones de euros
Fuentes del Tribunal de Cuentas han confirmado que el informe constata que es imposible saber la finalidad y justificación de todo el presupuesto ya que las llamadas 'embajadas' gozaban de autonomía financiera y carecían de control, y todo ello derivó en actuaciones al margen de su marco competencial y fuera de su ámbito geográfico, incumpliendo por tanto sus funciones.
Así, dice no disponer de documentación justificativa de gastos por un importe de 302.794 euros y añade que se han detectado pagos de 171.613 euros que resultan injustificados (gastos privados, pagos a personas ajenas a las delegaciones, etc).
En concreto, la institución que preside María José de la Fuente detectó al menos 456 actividades de las delegaciones entre 2013 y febrero de 2016, todas ella relacionadas "expresamente en la propia documentación de la Generalitat con el proceso soberanista" y cuyo gasto "no justificado" asciende a 327.736,34 euros.