El Tribunal de Cuentas ha pasado examen a los ministerios del Ejecutivo socialcomunista, y ha dejado clara la nota: el Gobierno de España necesita mejorar urgentemente en su área político-administrativa.
Y es que el Tribunal ha puesto de manifiesto que uno de cada cuatro proyectos del Gobierno presenta serias deficiencias en sus informes complementarios, ya sea en las memorias de impacto normativo o en los estudios sobre los efectos económicos de las medidas.
En cuanto a los principios de buena regulación, el Tribunal de Cuentas ha detectado que más del 25% de los expedientes presentan deficiencias, ya sea porque no se incluyen estos principios en la exposición de motivos, o porque la justificación de la norma es insuficiente.
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Del mismo modo, el análisis presupuestario también contiene deficiencias en el 30% de los expedientes presentados, ya sea por omisión del impacto presupuestario o porque el análisis realizado en el proyecto es genérico o provisional, sin que sea de utilidad para el Tribunal de Cuentas.
Unas deficiencias que señalan directamente a los ministerios de Exteriores, Justicia, Defensa, Interior, Educación, Cultura, CIencia, Presidencia y Política Territorial, haciendo especial hincapié en la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa que depende de la Vicepresidencia de Carmen Calvo.
Carmen Calvo, con asuntos 'pendientes'
La fiscalización del Tribunal de Cuentas ha observado que, desde que la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa comenzó su andadura en 2018, se ha experimentado un "importante impulso" en la evaluación ex "ante de los proyectos normativos".
"Las recomendaciones y observaciones contenidas en sus informes han contribuido a mejorar tanto la técnica legislativa de los proyectos como la calidad de las Memorias del Análisis" señala el Tribunal de Cuentas.
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Sin embargo, ha sido la propia fiscalización la que ha destacado que, a finales del año 2019, la oficina dependiente de Carmen Calvo tenía pendientes de emisión 84 informes, lo que representaba un 17,1% del total de solicitudes de informes; algo que ya coincidía con los números presentados en 2018, cuando el 59,8% de los informes emitidos estuvieron fuera de plazo.
Un 'retraso' ante el que el Tribunal ha decidido mandar un toque de atención, recomendando al Gobierno que adopte de una vez la Guía Metodológica de las memorias establecida en el real decreto de 2017, adoptando a su vez las medidas necesarias para que los expedientes normativos incluyan perceptivamente un acto formal de incoacción del procedimiento.