Quim Torra está sufriendo uno de los peores momentos políticos de su carrera.
El TSJC ha dictado la apertura de juicio oral contra él, por delito de desobediencia al negarse el independentista a retirar los lazos amarillos del edificio de la Generalitat en periodo electoral.
A pesar de que Torra ha afirmado que los lazos amarillos son solo una demostración de la "represión del Estado", la verdad es que el actual presidente de la Generalitat de Cataluña se enfrenta a la inhabilitación. (¡¡Quim Torra irá a juicio por desobediencia y puede ser inhabilitado hasta dos años!!)
Tal vez, esa sería la mejor solución para Quim Torra en el terreno político, dado que, actualmente, se encuentra en 'tierra de nadie', mientras espera la decisión final de Carles Puigdemont acerca de cómo afrontar la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O.
El pacto de Barcelona, el detonante
A esta situación de incomodidad de Torra, sabíéndose un juguete de Puigdemont mientras se enfrenta a la apertura de un juicio oral, se suma la irritación del presidente de la Generalitat ante el pacto de la Diputación de Barcelona.
Contra todo lo que podía pronosticar el golpista, Junts per Cataluña y el PSC han llegado a un acuerdo el pasado jueves, eligiendo a la socialista Nuria Marín para colocarse al frente del organismo supramunicipal.
Esto ha provocado que Torra quisiera convocar elecciones de inmediato, y posteriormente, dimitir de un cargo que comienza a pesarle demasiado.
Sin embargo, el entorno del presidente no tardó mucho en convencerle de que no tomara ninguna decisión. Esto se debe a que, para Puigdemont y los suyos, es importante que Torra aguante como líder de la Generalitat el máximo tiempo posible, permitiéndoles así continuar con sus tejemanejes mientras Torra actúa como cabeza de turco.