La polémica Ley Trans, que permitirá a niños de 14 años cambiar su sexo en el registro sin necesidad de informes médicos, ha provocado las críticas entre la comunidad médica. Los profesionales sanitarios denuncian que el Gobierno ha desoído sus advertencias ante una norma que puede suponer un riesgo para el "derecho a la salud de los niños".
El texto prescinde por completo de la opinión de los profesionales y el informe remitido por la ministra de Igualdad, Irene Montero, al Congreso de los Diputados durante la tramitación de la ley demuestra este desprecio al criterio médico, según ha explicado el medio de comunicación OK Diario.
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La citada fuente ha tenido acceso a ese informe redactado por la podemita en el que desprecia de forma descarada a los profesionales sanitarios. "Lo cierto es que no siendo la voluntad de cambio una patología no parece que tenga sentido que profesionales de la medicina o de la psicología intervengan para acreditar extremo alguno de esa voluntad", reza el documento.
El informe de Irene Montero admite que de la jurisprudencia al respecto "no se desprende que fuera contrario a los derechos fundamentales la exigencia de algún tipo certificado médico o psicológico que acreditara cierta estabilidad en la identidad sexual libremente definida por la persona".
Eso sí, acto seguido, el documento redactado por la ministra de Igualdad con motivo de la Ley Trans indica que "cabría en cualquier caso plantear si esa exigencia, con sus connotaciones paternalistas, no podría suponer una injerencia injustificada en la autonomía de la voluntad individual".
Asimismo, Montero defiende que "al margen de ese eventual debate jurídico-constitucional, y ateniéndonos únicamente al plano de las decisiones que, dentro del marco constitucional de opciones posibles, corresponde adoptar al prelegislador, lo cierto es que no siendo la voluntad de cambio una patología no parece que tenga sentido que profesionales de la medicina o de la psicología intervengan para acreditar extremo alguno de esa voluntad".
Los médicos ponen el grito en el cielo
Numerosos profesionales del sector sanitario se han mostrado críticos con la ley, que permitirá además la modificación de género a los niños de entre 12 y 14 años siempre y cuando tengan la autorización de un juez, encargado de examinar su madurez. Desde la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia (AEPNYA) han avisado de que supondría un riesgo para "el derecho a la salud de los niños".
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Según esta organización, la norma debería contar con "un análisis de riesgos claro" y "tener en consideración la perspectiva, conocimiento y experiencia" de los médicos psiquiatras. No hacerlo sería "una negligencia grave institucional en el cuidado de los niños" y "un país civilizado no puede ignorar ese activo".