El Tribunal de Cuentas comunica este martes a los representantes legales del expresidente catalán Carles Puigdemont, al que fuera su 'número dos' en el Govern, Oriol Junqueras, y a otras 18 personas, entre ellos exconsellers y altos cargos de la Generalitat cuál es la cantidad que presuntamente desviaron para pagar los gastos del 1 de octubre de 2017.
La comunicación del órgano fiscalizador se produce una vez que ha concluido la instrucción de este asunto. En el trámite informará a sus representantes legales, ya que ninguno de los investigados tiene el deber de comparecer, de la cuantía a la que cada uno de ellos deberá afrontar como responsables del uso ilícito de fondos públicos.
Además previsiblemente el Tribunal de Cuentas fijará una fianza conjunta y solidaria para que los presuntos responsables respondan a una posible condena y garantizar así el reintegro del dinero utilizado para este fin a las arcas públicas. Si no consignan dicha cantidad en el plazo que el Tribunal de Cuentas señale se procederá a embargar sus bienes de forma preventiva.
Este procedimiento es el mismo que se siguió en su día contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas, a quien se consideró máximo responsable de los gastos de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, que se cifró en casi cinco millones de euros y que tuvo que responder de forma solidaria con las fianzas del resto de implicados.
El separatismo llama "venganza" a devolver el dinero malversado por Puigdemont
En vez de pedir perdón por el dinero público malversado en la celebración del referéndum ilegal, el medio de propaganda independentista 'LaRepublica.cat' habla en un bochornoso artículo de “la venganza económica del Gobierno español contra el independentismo”.
Pero el citado medio va más allá y hace una comparación vergonzosa que se cae por su propio peso: “El nazismo y el franquismo también utilizaron el robo económico contra los judíos y los demócratas”.
La inmunidad de Puigdemont no funciona en el Tribunal de Cuentas
Puigdemont no podrá escudarse en la inmunidad que tiene adquirida como eurodiputado porque ésta figura no funciona en la jurisdicción civil.
Entre los investigados, además del expresidente y de Junqueras -condenado a 13 años de prisión por el delito de sedición por el procés independentista-, se encuentran los exconsejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull (también condenados por sedición y en prisión); Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila (condenados por desobediencia por la misma causa); y Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret (fuera de España).
También se ha citado este martes a los representantes legales de la exconsellera cesada en el verano de 2017 Neus Munté y a los ex altos cargos de la Generalitat Antoni Molons, Joaquim Nin y Amadeu Altafaj, Josep María Jové -uno de los negociadores que impuso ERC para acordar con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez- y Josep Ginesta (procesados por el juzgado de Barcelona que investiga la organización del referéndum).
Para concretar la cantidad que comunicará a los investigados en la denominada acta de liquidación provisional, la instructora de este expediente ha analizado los gastos vinculados a la actuación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) para la creación de páginas webs, aplicaciones, plataformas y programas informáticos que darían soporte digital a la votación; el uso de 2.259 locales habilitados como puntos de votación o publicidad institucional, como la denominada campaña 'Civisme'.
Igualmente, se ha indagado si se usaron fondos públicos para el suministro de papeletas, censo electoral, cartelería y cartas certificadas, que fueron incautadas en las naves de la empresa Unipost, así como la acción exterior desarrollada por la Generalitat en favor del proceso independentista.
Dos millones de euros
La denuncia del Ministerio Público en el Tribunal de Cuentas no fija una cifra concreta del dinero que presuntamente se habría malversado el 1-O y que se debe reclamar. Sí cita facturas relacionadas con los locales de votación (900.906,70 euros), gastos publicitarios que se acercan al millón de euros en distintos apartados, un gasto de 979.666,96 euros en papeletas y 38.431,20 euros en cartelería.
También destaca que la "acción de la presidencia catalana" en el exterior absorbió 2,3 millones de euros, a lo que añaden diferentes gastos en viajes de observadores que superarían los 100.000 euros en diferentes conceptos.
Por su parte, los otros dos demandantes, SCC y Abogados Catalanes por la Constitución considera que el Gobierno de Carles Puigdemont destinó 1.971.601,20 euros procedentes de fondos públicos de la Generalitat.
La magistrada instructora ha tenido también en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo que se dio a conocer el pasado 14 de octubre por el procés independentista, que se remitió al Tribunal de Cuentas, dado que no puede puede reclamar el dinero, ya que la competencia es del órgano fiscalizador.
El alto tribunal cifró en más de 2,35 millones lo gastado por la Generalitat en la consulta independentista y condenó por el delito de malversación de caudales públicos a Junqueras y a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.