Esta semana, el Gobierno de España ha reforzado los rumores que apuntan a que el próximo 2021 traerá como 'regalo' el indulto para los líderes independentistas en prisión, encabezados por Oriol Junqueras.
"Es momento de superar episodios aciagos, que nos sonrojan al conjunto del país" aseguraba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siendo respaldado por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.
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Unas declaraciones que pronto se encontrarían con el rechazo y la crítica de los partidos de la oposición, que han entendido este indulto como un "pago" del Gobierno al apoyo de los partidos independentistas a los Presupuestos Generales del Estado.
Unas críticas que, sin embargo, no han recibido el apoyo, ni el rechazo, del Rey Felipe VI, que ha mantenido el silencio con respecto a la situación catalana, a pesar de los constantes desafíos republicanos de los secesionistas.
El Rey, acallado por el ordenamiento jurídico
Según la Constitución, el Rey de España ostenta históricamente el poder de ejercer el derecho de gracia con arreglo a la Ley, sin poder autorizar indultos generales; es decir, el monarca tiene la potestad de perdonar una pena, o conmutala por otra menor.
Sin embargo, en el marco del ordenamiento jurídico actual, es el Gobierno el que está facultado, materialmente, para ofrecer este indulto, que sólo puede ser otorgado de manera individual, y no colectiva.
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Es decir, es el Ejecutivo de Pedro Sánchez quien, en última instancia, decidirá si los independentistas catalanes recibirán el indulto, total o parcial, de sus penas, sin que esto implique en ningún momento el perdón del delito cometido (es decir, ante los ojos de la Justicia, seguirán siendo culpables del delito).
Una decisión que será irrevocable, por lo que, de confirmarlo el presidente socialista, los líderes independentistas serán indultados, con perdón, presumiblemente completo, de sus penas, sin que el Rey Felipe VI pueda limitar o cancelar este indulto, a pesar de que implique consecuencias perjudiciales para el país.