La Fiscalía suiza remitió el pasado 1 de julio a la española una serie de documentos sobre la investigación que llevan realizando desde hace dos años sobre Juan Carlos I.
En concreto, las pesquisas que está llevando a cabo la justicia están centradas en los presuntos 65 millones de euros que habría recibido el Rey emérito de Arabia Saudí en el año 2008. (Juan Carlos I no será investigado en España, pero puede ser juzgado en Suiza)
Según El Confidencial, el mismo día que llegó la documentación a la Fiscalía española acababa de prescribir el delito fiscal de 2014 que pudo cometer el Rey emérito el año de su abdicación.
Fuentes jurídicas han informado al citado medio de comunicación que ese presunto delito es al que se podía acoger la Fiscalía española para acusar al padre de Felipe VI.
Resulta muy complicado sostener una acusación penal debido a la inviolabilidad de Juan Carlos I durante los años en los que supuestamente cobró las comisiones por parte de Arabia Saudí. No es posible demostrar el origen ilícito de los fondos y del presunto blanqueo.
Todo comenzó en el año 2008, con el ingreso de los 65 millones de euros por parte de Arabia Saudí en concepto de donación, La Fiscalía suiza y la española sospechan que pudo tener relación con el contrato del AVE, que se adjudicó en 2011 (se llevaba hablando varios años de ese pacto).
Dos años después de recibir esa comisión, el 10 de septiembre de 2010, el consorcio español acordó pagar 120 millones de euros al príncipe Abdulaziz bin Mishal, que era el dueño del grupo Al-Shoula, una empresa que tenía el 7% del consorcio hispano saudí del AVE.
Unos meses después, el 19 de mayo de 2011, hubo otro pago de 95,78 millones de euros en un contrato de consultoría con Shahpari Zanganeh, comisionada como "persona de confianza" de Rey emérito en Arabia, según ha explicado El Confidencial. (Jaque al rey Juan Carlos I: ¿De qué se le acusa?)
No puede ser investigado
Toda esta parte de comisiones no puede ser investigada ya que hasta 2014, año en el que abdica, Juan Carlos I es inviolable. Por ello, la Fiscalía Anticorrupción está investigando si el Rey emérito declaró ese dinero o lo invirtió a partir de 2014.
El blanqueo es imposible de acreditar al no poder investigar si el origen del dinero es ilícito por lo que la Fiscalía Anticorrupción se centrará en comprobar si existe un problema fiscal, ya sea una infracción o delito fiscal.