Pedro Sánchez ha vuelto a "vender" a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por este motivo, los policías nacionales, guardias civiles y militares han denunciado que el Gobierno recorta la asistencia sanitaria que reciben a través de sus respectivas mutualidades, es decir, que los servicios que ofrecen sus compañías de asistencia sanitaria no cumplen con los parámetros de calidad ni con las prestaciones.
¿Qué significa esto? Pues bien, este conflicto se traduce en recortes considerables en los cuadros médicos, reducción de centros de asistencia sanitaria, e incluso en la eliminación de clínicas y especialidades médicas tales como oncología y radioterapia. Afortunadamente, parecen no estar solos, debido a que el sindicato de Comisiones Obreras ha apoyado esta denuncia y solicita una reunión inmediata con el Gobierno para resolver el problema de forma consensuada.
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Después de que se llevase a cabo la firma del último concierto sanitario de MUFACE, MUGEJU e ISFAS, se han percatado de recortes en los cuadros médicos de los centros sanitarios, ausencia de centros asistenciales, la eliminación de las clínicas y las especialidades oportunas, el cobro de pruebas médicas a mutualistas, falta de puntualidad en los abonos por incapacidad temporal en el momento que los funcionarios están de baja, el coste económico que se produce por el copago farmacéutico, en especial entre los policías, frente al resto de la población, y el recorte de las ayudas sociales en los últimos años.
Por estos motivos, desde el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se han puesto en contacto a través de un escrito con la Ministra de Hacienda y Función Pública y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pidiendo mejoras que pongan fin a los recortes que sufren miles de funcionarios.
Sin embargo, esto no queda aquí. Además, han solicitado varios encuentros con los diferentes grupos parlamentarios para exigir que analicen los gastos de asistencia sanitaria con el objetivo de recuperar la totalidad de las prestaciones que se han suprimido desde el año 2012.
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Desde ámbitos policiales, hacen hincapié en que policías y guardias deben de dejar de pagar más por los medicamentos que el resto de los ciudadanos, especialmente entre los jubilados del colectivo. Para que esto deje de ocurrir, aseguran que la única forma de hacerlo es ejecutar una dotación presupuestaria para estos gastos concretos en los presupuestos generales para el 2023.
De esta manera, Sánchez y su gobierno vuelven a demostrar que no están el lado de aquellos que velan por nuestra seguridad día tras día. En cambio, derrocha una gran cantidad de dinero a Fidemur en concepto de subvención directa, tal y como publicábamos en el día de ayer en este medio. Realmente, surrealista.