Salvador Illa aseguraba, hace apenas un mes, el pasado 30 de septiembre, ante las cámaras de TV3, que el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) que él dirige se mantendría a favor de mantener el uso policial de la Jefatura de Policía Nacional de la Vía Laietana, en Barcelona, posicionándose así los socialistas en contra de la decisión de los independentistas de intentar convertir el edificio en un espacio de memoria de las víctimas del franquismo.
Una decisión que ponia 'a salvo' a uno de los principales objetivos de los independentistas barceloneses quienes, en cada una de las violentas manifestaciones organizadas en la calle, han cargado duramente contra la Jefatura policial, llegando incluso a lanzar objetos incendiarios contra el edificio y contra los agentes que protegen la sede policial.
Así pues, el PSC se posicionaba al lado de los partidos constitucionalistas hace apenas un mes, proponiendo la posibilidad de compatibilizar ambas actividades en el mismo edificio. Algo que no frenaba a los independentistas esta semana, que, liderados por ERC, volvían a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez la reconversión del edificio al completo en un centro memorial.
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Una propuesta donde los republicanos han obtenido los votos en contra de Cs, PP, Barcelona por el Cambio y la concejala no adscrita... pero que ha recibido la abstencion del PSC, haciendo posible que la petición ascienda hasta la mesa de diálogo, donde los independentistas republicanos esperan convencer a Pedro Sánchez de dar este nuevo varapalo a las fuerzas del orden nacionales en Cataluña.
Sánchez tendrá que decidir el futuro de la Jefatura
"La comisaría de Vía Laietana no es un símbolo de resistencia de la Policía: debe ser un símnolo de memoria de las barbaridades que pasaron en este país cuando la democracia no existía. Por lo tanto, pedir el cierre no es ideología, es justicia" ha asegurado el concejal portavoz de ERC en el Ayuntamiento, Jordi Coronas.
Una idea que mantendrán ante el Gobierno de España en la próxima mesa de diálogo entre ambos gobiernos, tal y como ha asegurado el teniente alcalde Albert Batlle, criticando que el PSC no haya mostrado su apoyo al proyecto, habiéndose limitado a abstenerse.
Así pues, será el Ejecutivo nacional, liderado por Pedro Sánchez, quién tomará la decisión sobre el futuro de la Jefatura policial barcelonesa; una decisión que podría verse afectada nuevamente por las necesidades de apoyo independentista que el presidente socialista tiene en las Cortes Generales, pudiendo convertirse la Jefatura en un nuevo 'chantaje' de ERC hacia el Ejecutivo nacional.
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Y es que, de negarse el socialista a modificar el emblemático edificio, los republicanos podrían negar su apoyo a Sánchez en el Congreso, lo que conllevaría una clara pérdida de poder del socialista que podría llevar a España a las urnas; sin embargo, el apoyo de Sánchez a esta medida no sólo sería entendido como una nueva concesión a los chantajistas secesionistas, sino también como una nueva ruptura de los socialistas con el PSC, y con los partidos constitucionalistas catalanes.