Un estudio elaborado por el PSC y publicado por El País estima en 1.100 millones de euros los gastos prescindibles y destinados a la propaganda independentista que el Govern de la Generalitat tiene adjudicados en sus presupuestos.
Se trata de dinero público destinado por los gobernantes a fines sectarios que nada tienen que ver con el bienestar de la ciudadanía catalana que los aporta a través de sus impuestos.
Los socialistas catalanes se muestran partidarios de destinar estos recursos a otros fines más productivos para la sociedad. En este sentido, durante la campaña electoral, Carlos Carrizosa, el candidato de Ciudadanos para el Parlament, cifró en 900 millones los gastos destinados a "chiringuitos" impulsados por la Generalitat. Las dos estimaciones van parejas.
1.466 millones para altos cargos
El PSC ve necesario limitar en un punto los salarios de los altos cargos, que se comen 1.466 millones en el apartado de dirección y administración de la Generalitat. Es decir, el 4,6 del presupuesto.
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En análisis de la situación también aconseja recortar el número de organismos públicos. La Generalitat tiene 359 entes públicos, 103 más que Andalucía y 203 más que el País Vasco.
Organismos como CESICAT, el CTTI, la Oficina Antifraude o el Diplocat —la agencia de diplomacia internacional del Govern— podrían ser perfectamente suprimidos, con el consiguiente ahorro en los costes públicos.
700.000 euros para espiar a los niños en el colegio
Otro tema sangrante es el coste de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (TV3, Catalunya Ràdio y el resto de medios públicos), cuyo presupuesto para 2020 era de 240 millones para mantener una plantilla de 2.300 personas.
La Generalitat da de comer a 137 abogados inútiles que no conocen las leyes
El informe del PSC concluye que los 4.286 millones de euros destinados a subvenciones de personas y entidades sin ánimo de lucro deberían estar justificados, así como los 899 millones dirigidos a empresas privadas, como los 700.000 euros que reciber la Plataforma per la Llengua, que se dedica a denunciar a los comercios que no rotulan en catalán o a espiar a los niños para saber en qué idioma hablan en la hora del recreo en el colegio.