Pere Aragonés llegaba a la presidencia de la Generalitat de Cataluña el pasado 24 de mayo prometiendo, a capa y espada, convertirse en un 'ejemplo a seguir' dentro de la administración catalana, defendiendo el diálogo con el Gobierno nacional, y la recuperación económica y social de la comunidad autónoma.
Promesas ante las que el republicano, haciendo gala de su 'solidaridad' con el pueblo catalán, que atraviesa una brutal crisis social y económica debido al Covid-19, decidía reducirse el sueldo hasta los 130.250 euros. Una ligera rebaja en su salario que, sin embargo, seguía haciendo que su sueldo fuese muy superior incluso al del Presidente de Gobierno (84.845 euros).
Un gesto de 'solidaridad' de Aragonés que apenas ha durado unos meses; así pues, hace dos días, el presidente republicano anunció que a partir de enero de 2022, se subirá el sueldo un 2%, ascendiendo así su asignación pública a un total de 132.856 euros.
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Números que, sin embargo, contrastan con la realidad económica de la autonomía catalana, que acumula una deuda, según las cifras publicadas en el segundo trimestre de 2021, de casi 82.000 millones de euros.
Más deuda, más impuestos... menos servicios
Así pues, Cataluña, que presume de ser una de las comunidades autónomas españolas con más competencias de autogestión, como es en el caso de la Sanidad o la Educación, guarda silencio sobre la brutal deuda pública que acumula, y que crece año tras año, a la vez que aumentan sus competencias.
Así pues, la deuda pública catalana ha ascendido, en los últimos meses, hasta alcanzar la cifra histórica del 37% del PIB autonómico. Un procentaje muy superior al reflejado en las cuentas de la Comunidad de Madrid que, con un PIB superior (240.000 millones, frente a los 237.000 de Cataluña), cuenta con una deuda pública de 35.200 millones de euros, la mitad de la deuda presentada por los catalanes.
Deuda pública catalana que no sólo compromete el futuro de la autonomía, sino también del bolsillo de todos los catalanes quienes, mientras el despilfarro independentista sigue siendo la línea a seguir dentro del Govern, siguen pagando 15 impuestos autonómicos especiales, suponiendo un incremento en las arcas públicas catalanas de 588 millones de euros anuales, 'invertidos' en los más de 300 chiringuitos indepes.