El PP ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue si con los vídeos que han grabado en el Congreso los presos independentistas que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo han cometido delitos de desobediencia y de ultrajes a España.
Según argumenta, las declaraciones revelan "desprecio" a España y forman parte de un "plan preconcebido" con el objetivo de difundir la imagen de "país opresor".
El pasado lunes, cuando Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Oriol Junqueras acudieron al Congreso a recoger su acta de diputados, grabaron varios vídeos desde el interior de la Cámara.
El líder republicano, tal y como les mostramos a continuación, incluso arengó a los suyos a "ganar el domingo y llevar al país hacia la libertad".
En su escrito,, el PP recuerda que la providencia del 17 de mayo contenía un mandato expreso de "impedir la realización de cualquier tipo de declaración o comentario ante cualquier medio de comunicación", mandato que, a su juicio, fue "deliberada y premeditadamente incumplido" por los independentistas.
"Un plan preconcebido"
Según el PP, los vídeos que grabaron cada uno de los diputados evidencia un "plan preconcebido e ideado" con el "deliberado y firme propósito de incumplir el mandato judicial" y de "ofender y menospreciar al Estado español con sus declaraciones".
De hecho, señala que todas las grabaciones presentan características "semejantes" como el formato, el lugar de grabación, la identificación del lugar desde donde se están realizando y la forma de difusión. A su entender, revelan la "ausencia de espontaneidad" y evidencian que fueron "fruto de una actividad diseñada de antemano y ejecutada de manera idéntica por todos ellos".
Tras asegurar que el mandato expreso de la autoridad judicial "fue incumplido", insiste en que esas conductas se llevaron a cabo de modo "preconcebido y planificado" previamente con la finalidad de "ultrajar España y sus instituciones".
Es más, cree que esos vídeos revelan el "más absoluto desprecio" a España y a las instituciones del Estado, en especial el Congreso y el Tribunal Supremo, que ha permitido su salida de prisión, y rechaza que ese comportamiento pueda "incardinarse en la libertad de expresión".
Según el PP, las declaraciones emitidas por los presos independentistas muestran una "grave ofensa a España".
Trasladar la imagen de España como"país represor"
Por todo ello, el PP señala que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de desobediencia tipificado en el artículo 556 del Código Penal, así como de un delito de ultrajes a España, recogido en el articulo 543 de la misma norma.
El PP sostiene que las declaraciones evidencian "desprecio hacia España como Estado" de palabra y con publicidad.
El PP entiende que se planificó de antemano para que se difundiera la imagen de España como país represor, en el que existen presos políticos", en el que "no se garantizan los derechos y las libertades", y "se persigue a todo el que discrepa ideológicamente".
"El contenido de tales declaraciones, asimilables a la injuria supuso un ataque y vilipendio de carácter infamante a la imagen y prestigio de la nación española tanto a nivel nacional como internacional, sin el más mínimo respeto o consideración por los derechos y los sentimientos de los demás", añade.
Además, el PP indica que estos hechos podrían ser constitutivos del delito tipificado en el artículo 504 del Código Penal, en la medida en que las declaraciones vertidas, en contra del mandato judicial, contienen expresiones injuriosas y calumniosas que "lesionan la dignidad de las instituciones" del Estado y del propio Tribunal Supremo.
Por todo ello, en su denuncia -que ha presentado el secretario general del partido, Teodoro García Egea-, el PP insta a la Fiscalía que acuerde la práctica de cuantas diligencias sean necesarias para la investigación de estos hechos y su posible subsunción típica como infracciones penales.
Casado: "Creo que la Fiscalia debería actuar"
En un acto electoral del PP en Barcelona, el líder de los 'populares', Pablo Casado, ha emplazado al Ministerio Público a actuar ante estos comportamientos de los presos independentistas, que considera "absolutamente inaceptables".
"Creo que la Fiscalía debería actuar porque ha habido instrucciones judiciales que se han incumplido como por ejemplo la prohibición de que los presos pudieran tomar imágenes cuando se fueron a acreditar al Congreso", ha afirmado.