Artur Mas podría perder una vivienda en Barcelona de 800.000 euros tras haber sido declarado culpable en el juicio contable por su responsabilidad en los gastos de la consulta ilegal del 9-N.
Los investigados en esta causa deben responder con su propio patriomonio para devolver el dinero a la Generalitat que, presuntamente, fue malgastado en la consulta ilegal del 9-N de 2014.
La fianza total impuesta por el Tribunal ascendía el pasado mes de septiembre de 2017 a 5,25 millones de euros pero el expresidente de la Generalitat, la exvicepresidenta Joana Ortega, los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau y el resto de investigados solo consiguieron depositar, en varias entregas, 2,95 millones de euros. Como no era suficiente, aportaron las escrituras de sus propiedades.
Mas compró la casa en 1991. El inmueble está en la calle Tuset (Barcelona) y cuenta con 199 metros cuadrados construidos, de los que 150 son útiles.
La vivienda tiene dos entradas, una principal y otra de servicio, y cinco dormitorios, cuatro destinados para los dueños o invitados y el instalado en la zona de servicio. El inmueble se completa con un salón, un comedor, un baño, dos aseos y una terraza.
Las casas similares a la del expresidente de la Generalitat se venden por un precio que oscila entre los 800.000 euros y un millón de euros.
Inmuebles embargados
Además de la casa de Mas, se ha embargado el 50% de la casa de Homs en Taradell (Barcelona), un piso de Ortega en Barcelona, un conjunto de inmuebles de Rigau en Ribes de Fresser (Gerona) y una propiedad de Jordi Vilajoana.
El objetivo del Tribunal de Cuentas es el de alcanzar la cifra de 2,3 millones de euros que los exaltos cargos de la Generalitat debían pagar para alcanzar la cifra de 5,25 millones.