Las decisiones que han tomado ERC y JxCAT a la hora de aplicar la suspensión de funciones de cuatro diputados en el Parlament de Cataluña se edifican sobre un fraude de ley.
Los cuatro diputados que se encuentran en prisión provisional por rebelión o exiliados en el extranjero están, por lo tanto, fuera de la acción de la Justicia española.
Esto viene marcado por el acuerdo entre las dos formaciones políticas citadas anteriormente y que supone que Carles Puigdemont, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez delegarán su voto en otro diputado.
Según ha informado El Confidencial tras consultar fuentes jurídicas, esta decisión tomado por ERC y JxCAT puede desembocar en una investigación por desobediencia.
Este acuerdo llevado a cabo por los dos partidos políticos tiene como principal objetivo sortear los efectos de la suspensión acordada en julio por el juez Pablo Llarena.
"Han quedado suspendidos en las funciones y cargos públicos que estaban desempeñando, debiendo de proceder la Mesa del Parlamento a adoptar las medidas precisas para la plena efectividad a la previsión legal", destacó Llarena hace dos meses.
La Fiscalía podría actuar
El juez Llarena informará al Ministerio Público del modo en el que se ha aplicado su orden en la Cámara y los fiscales investigarán si existe ilegalidad.
En el caso que la Fiscalía encuentre irregularidades o ilegalidades, el asunto acabaría en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.