El Parlament activa la Operación acoso y derribo a la Monarquía

  • Política
  • 02-05-2019 | 12:05
  • Escribe: Gonzalo Palacios

El separatismo busca erosionar la figura del Rey para justificar su voluntad de independencia. Y reclama una comisión de investigación parlamentaria.




El separatismo catalán busca resquicios jurídicos que le permitan pone en marcha una operación de acoso y derribo a la Monarquía erosionando su imagen hasta el punto de convertir esta institución en un argumento que justifique los anhelos independentistas de Cataluña. Para ello es preciso colocar a El Rey y la Monarquía en el ojo del huracán de forma constante. 

El Parlament ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) un conjunto de alegaciones en las que defiende la constitucionalidad de la comisión de investigación sobre la monarquía que impulsó la Cámara en marzo y en las que solicita el "levantamiento inmediato" de la suspensión dictada por el tribunal. (¡¡Son despreciables!! En Ribes de Freser queman una falla de Felipe VI por su represión contra Cataluña)



Incluir a la Monarquía en el debate político

El documento de alegaciones alega que la inmunidad absoluta que tiene por ley la Jefatura del Estado no debería impedir esta comisión, ya que sería tanto como excluir a la Monarquía del debate político y esto "no sería propio de un Estado democrático de Derecho".

La comisión de investigación se aprobó en el pleno de la Cámara el 7 de marzo con los votos a favor de JxCat, ERC, los comuns y la CUP y pese el voto en contra del PSC-Units, PP y Cs, y luego fue impugnada por el Gobierno central, lo que llevó el TC a suspenderla temporalmente hasta tomar una decisión sobre si es constitucional.



La comisión tenía por objetivo investigar "las actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la familia real española", entre las cuales las presuntas cuentas el Rey emérito en Suiza y otros paraísos fiscales, según se especifica en la resolución aprobada por la Cámara. (¡¡Todo lo que tiene de ‘grande’ lo tiene de tonto!! Eduard Pujol: “¡¡¡Felipe VI es el padre del ‘a por ellos’!!!”)

Se trata de una comisión de "interés"

Las alegaciones, firmadas por el letrado Miquel Palomares, defienden que la comisión es válida porque el propio Estatut faculta al Parlament para "crear comisiones de investigación sobre cualquier asunto de relevancia pública que sea de interés para la Generalitat".



"Es incontestable que la investigación de hechos y datos que afectan a personas vinculadas o relacionadas con la Monarquía, a partir de las cuales sería posible fundamentar un juicio de valor político, es de interés para la Comunidad Autónoma de Catalunya", resume el documento.

El letrado también rechaza la tesis del Gobierno central de que esta comisión de investigación escapa de las funciones de la Cámara, y defiende que debe poderse investigar a la Monarquía como "un instrumento al servicio de la información del Parlament". (¡¡Todo lo que tiene de ‘grande’ lo tiene de tonto!! Eduard Pujol: “¡¡¡Felipe VI es el padre del ‘a por ellos’!!!”)



Además, la Cámara catalana replica que la comisión no invade la función jurisdiccional de juzgados y tribunales reservada por el artículo 117.3 de la Constitución, y solo pretende abordar la investigación a la Monarquía de una óptica política.

Inmunidad anacrónica

El letrado también incluye en el escrito las citas de trabajos de juristas (Enrique Belda y José Antonio Martín Pallín) en los que la inmunidad absoluta del Rey se considera "doctrinalmente como anacrónica si se compara con otros ordenamientos como el Derecho internacional público".

Las alegaciones reivindican que la comisión debería celebrarse porque de la Constitución no se derivan "prohibiciones o límites al debate político", especialmente si estos se producen en sede parlamentaria como sería el caso. (La última imbecilidad de Puigdemont: "El éxito de VOX es culpa de Felipe VI")

El letrado concluye que la comisión se enmarca en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y "encuentra su fundamento último en un valor esencial del ordenamiento jurídico del Estado español: el pluralismo político en una sociedad democrática".

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