Pedro Sánchez, y por ende su Gobierno de coalición con Unidas Podemos, ha conseguido la deseada aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2021, gracias al apoyo de los partidos nacionalistas vascos y catalanes, y a pesar del rechazo de los principales partidos de la oposición.
Sin embargo, muchas son las voces que, durante estas últimas semanas de duras negociaciones para la aprobación de las Cuentas, se han levantado contra las 'cesiones' prometidas por el presidente socialista a independentistas y proetarras para conseguir su apoyo en el hemiciclo.
'Cesiones' que, en algunos casos, podrían verse paralizadas en las próximas semanas, ya que los organismos judiciales parecen no estar dispuestos a ceder ante los deseos del presidente del Gobierno, buscando la independencia del poder judicial con respecto al Gobierno sociacomunista.
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Así pues, los secesionistas catalanes se han encontrado, pocas horas después de la aprobación de los PGE, con los nueve demoledores autos del Tribunal Supremo, que revocan el régimen de semilibertad concedido a los líderes independentistas condenados por sedición.
Una decisión del Alto Tribunal que dejan clara la nula predisposición de los magistrados del Supremo a apoyar un hipotético insulto a los presos del 'procés' por parte del Gobierno, ya que los magistrados han mostrado ya su poca empatía con aquellos que "dinamitaron las bases de la convivencia democrática".
Un varapalo de la justicia nacional a Pedro Sánchez que, sin embargo, no ha sido el único; y es que el Tribunal Supremo también ha dado esta semana su apoyo al PCR, que exigía el pago de 22 millones de euros no abonados a Cantabria correspondidos al ejercicio de 2016 por las obras de Valdecilla.
El Gobierno central había presentado, a través de la Abogacía del Estado, un recurso contra la sentencia, dictaminada por la Audiencia Nacional en enero de 2020; un recurso que ahora ha sido inadmitido por el Supremo, obligando a Sánchez y su Ejecutivo a pagar esta deuda expandida en el tiempo, cuanto antes.
"Antes de que acabe el año" ha exigido la secretaria de Organización del PCR, asegurando que, en estos difíciles momentos, "no tiene ningún sentido" que este dinero "aún no esté a disposición de los ciudadanos de la comunidad autónoma".
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También la Justicia europea vigila a Sánchez
Si el Alto Tribunal español rompía la estrategia judicial de Pedro Sánchez con respecto a sus socios de los Presupuestos, la Justicia europea hacía lo propio con los planes del socialista para reformar el Consejo General del Poder Judicial.
Así pues, a las críticas de la Comisión Europea a la primera propuesta del Gobierno de España a la reforma del CGPJ, se une ahora un segundo 'aviso' ante la nueva propuesta del Ejecutivo, que se centra en reducir las funciones del CGPJ cuando haya caducado su mandato.
Christian Wigand, portavoz de Justicia de la Unión Europea, ha querido remarcar que "es importante afrontar la situación del consejo judicial, y al mismo tiempo, asegurar que el consejo judicial no sea percibido como vulnerable a la politización".
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"Los estados miembros deben seguir los estándares europeos para asegurar que la independencia judicial no queda comprometida" recordaba el portavoz europeo, lanzando un toque de advertencia al presidente socialista, que apenas hace unos meses aseguraba que la Fiscalía dependía de la Moncloa.
Asi pues, Wigand ha instado al socialista a que lleve a cabo "las consultas necesarias con todos los actores relevantes" en la política española, lo que obligará a Pedro Sánchez a negociar y dialogar con los principales partidos de la oposición, comenzando por Pablo Casado, a quien el socialista debe una llamada telefónica desde hace días.