El País sitúa a Vox como anticonstitucionalista tras llamarlos borrachos

El Grupo PRISA sigue su campaña contra el partido que lidera Santiago Abascal

El País sitúa a Vox como anticonstitucionalista tras llamarlos borrachos
El País sitúa a Vox como anticonstitucionalista tras llamarlos borrachos

Rubén Amón afirmó hace unos días en El País que Vox es "el partido del cuarto gin-tonic" y otro de los columnistas estrella del diario de PRISA, Xavier Vidal-Folch, insinúa que el partido de Santiago Abascal es anticonstitucionalista. (Es la guerra: OK Diario le devuelve el tortazo al Grupo PRISA)

El periodista dice que "para ser constitucionalista no basta con no ser activista etarra, militante franquista o hitleriano, defensor activo de la pena de muerte o miembro de Al Qaeda. Para ser constitucionalista hay que respetar la Constitución. Toda la Constitución. No asumirla como dogma de fe, sino como regla de juego que se cumple a carta cabal. Aunque se pueda modificar, y defender su reforma". 

¿Es Vox anticonstitucionalista?

Vidal-Folch afirma que "no es constitucionalista quien proclama serlo y niega el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, que el artículo 2 consagra a renglón seguido de la unidad de España. Quien conspira para romper el principio de que el Estado se organiza territorialmente en comunidades autónomas (137). No es constitucionalista quien niega y pisotea el pluralismo de lenguas, un “patrimonio cultural” que debe ser objeto de “especial respeto y protección” (artículo 3)". 

Y añade: "No es constitucionalista quien viola los derechos de la mujer, protegidos por el artículo 14 de la Ley Fundamental que consagra la igualdad ante la ley. Y quien niega que las desigualdades se combaten con mayor (no menor, ni el mismo) apoyo a quienes más las sufren. No es constitucionalista quien propone ilegalizar a partidos discrepantes del ideario propio, porque los partidos son libres, siempre dentro del respeto a la Constitución (artículo 6). Y porque los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes (artículo 23): aunque pretendan revertir el orden socioeconómico, la unidad de España o la propia Constitución... si lo hacen respetando su ordenamiento".