El Mundo y El País se hartan de la bochornosa política laboral de Glovo

  • Medios
  • 03-06-2019 | 08:06
  • Escribe: Iker Gurpegui

La muerte de un repartidor pone a la empresa en el disparadero


El Mundo ha editorializado sobre Glovo tras la muerte de un repartidor y dice que "el fatal atropello de un repartidor de Glovo ha desatado una comprensible polémica en torno a las condiciones laborales de sus repartidores. Máxime cuando se descubrió que la víctima no figuraba en el registro de riders de la empresa, donde al parecer se ha extendido la práctica fraudulenta de subarrendar licencias a terceros sin cobertura legal". (¡¡Un camión de la basura mata a un repartidor de Glovo en Barcelona!!).

El periódico de Unidad Editorial dice que "la Inspección de Trabajo ha abierto una investigación para esclarecer la situación laboral del repartidor fallecido. El modelo de compañías como Glovo, como el de otras de la llamada nueva economía, debe combinar la flexibilidad con la protección. La precariedad no puede ser de ningún modo el peaje de la competitividad. Y desde luego, cualquier forma de mercado negro es inadmisible".


Hora de la seriedad

El País le sigue a la zaga y en un editorial pide al Estado que reaccione: "Ha llegado el momento de que las Administraciones públicas afronten con seriedad el régimen de funcionamiento laboral y fiscal de las plataformas. Trabajan en demasiadas ocasiones con empleados registrados como falsos autónomos para ahorrarse costes sociales; suelen aplicar un régimen de trabajo estajanovista que obliga a esos falsos autónomos a interminables jornadas laborales; y, como consecuencia de la combinación de condiciones laborales extremas y los objetivos obligatorios, aparece un alquiler negro de las cuentas al que acceden parados en situación más precaria aún, que son precisamente los que suelen carecer de papeles en regla". 

El periódico de PRISA explica que "la responsabilidad de Glovo es notoria, porque está obligada, como cualquier otra empresa, a saber quién trabaja directamente para ella. Tampoco hay que perder de vista las responsabilidades de la Administración. Las inspecciones de trabajo conocen las irregularidades de la economía de plataformas. Hay que reclamar pues que se intensifique y cumpla el plan radical de Trabajo para acabar con la precariedad institucionalizada".


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