Los Mossos d'Esquadra han lanzado una llamada de atención a la Generalitat de Cataluña sobre el aumento de ocupaciones ilegales en Cataluña.
Y es que sólo en los tres primeros meses de este año, el cuerpo catalán ha detectado 2.220 ocupaciones de inmuebles, produciéndose únicamente 23 detenciones en los 1.889 casos resueltos.
Los propios agentes lo confirman: las medidas aprobadas por el Govern les mantiene con las manos atadas frente a estos allanadores, ya que "a no ser de que se detecte (el allanamiento) durante las primeras 24 horas o (el desajolo) lo autorice un juez, no hay nada que hacer".
Así lo ha expresado Toni Castejón, portavoz del sindicato de Mossos FEPOL, que asegura que estos casos "resueltos" hacen alusión a la idenfiticación de los okupas, o de la judicialización del caso, pero no en que el propietario recupere la vivienda o el local.
"Una vergüenza" subrayan fuentes policiales, que remarcan que las ciudades más afectadas han sido Barcelona (155), L'Hospitalet de Llobregat (116) y Sabadell (96), tal y como ha podido saber Crónica Global.
El Partido Popular, preocupado por la indefensión
El presidente del Partido Popular catalán, Alejandro Fernández, ha compartido la preocupación de los Mossos d'Esquadra ante el aumento de estos casos de ocupación ilegal, y ha afirmado que el PP no permitirá que "Cataluña se convierta en un paraíso okupa, inédito en Europa, ni en un infierno para los propietarios y para las familias catalanas".
El popular también ha recordado que su partido se opuso desde el primer momento a los decretos del Govern, que "parecían hechos a medida de las mafias ilegales de ocupación, que actúan impunemente en CATALUÑA".
"Desde el primer momento el Partido Popular ha considerado inconstitucionales estos decretos (17/2019 y 1/2020) porque suponen un ataque frontal al derecho a la propiedad privada y una vulneración competencial en materia de derechos" ha afirmado Fernández en rueda de prensa. (Los peajes de Tarragona, en llamas: Los violentos separatistas vuelven a sembrar el terror)
Tal el la indignación de los populares catalanes en cuanto al aumento de la ocupación ilegal, que han decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional las nuevas normas catalanas sobre vivienda.