Nadia Calviño está casada con Ignacio Manrique de Lara, director de marketing de una consultora tecnológica. Ignacio Manrique de Lara es un madrileño de raíces extremeñas, economista como su mujer y primogénito de una familia numerosa. Prácticamente nunca acompaña a Nadia Calviño a los actos oficiales ya que prefiere mantenerse en un segundo plano.
El empresario es conocido por ser el director de marketing de una consultora tecnológica que gestiona el cobro de un paquete de fondos europeos que reparte su esposa desde el Ejecutivo. La compañía se llama Beedigital y oferta ocho tarifas que venden “soluciones de digitalización”.
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Ahora, Ignacio Manrique de Lara ha sido denunciado por un supuesto fraude. Francisco Mercado, en Esdiario, es quien destapó todo el entramado, que consiste en la contratación por parte de la Seguridad Social de la empresa Beedigital para mejorar su reputación online durante los ejercicios de 2019 y 2020 por un millón de euros.
Lo llamativo de todo esto es que esa compañía tenía taxativamente prohibida la contratación con el Estado al tener deudas con diferentes administraciones públicas. Sin embargo, Ignacio Manrique de Lara si que se ha saltado esas limitaciones para hacer negocios con el Estado.
Beedigital recibió un millón de euros de la Seguridad Social cuando adeudaba al Estado 1,6 millones en 2019, año en que fue fichada por medio millón para mejorar la imagen online de dicho organismo público. Un año después, en 2020, seguía siendo morosa estatal por 884.000 euros cuando firmó la renovación.
Asimismo, la Seguridad Social, que debía haberle pedido que estaba al corriente de pagos, no le solicitó ningún documento acreditativo. Dado que la empresa del marido de Calviño fue contratada pese a tener deudas con el Estado, la denuncia sólo ve dos posibilidades, ambas delictivas, ha informado Periodista Digital.
La denuncia a Beedigital
"La primera de las posibilidades, que no se haya presentado tal declaración responsable, nos hace suponer que la Mesa de Contratación ha incurrido en un grave incumplimiento. La segunda posibilidad, que si se haya presentado, nos hace sospechar que el apoderado de la empresa ha cometido, presuntamente, falsedad documental de documento público", ha comentado la citada fuente.
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Manos Limpias ya ha presentado un escrito, que incluye también a una docena de cargos y funcionarios de la Seguridad Social en el que se tipifican los hechos cometidos como presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento público. La denuncia será abordada por un juez independiente por lo que no cabe el veto y carpetazo automático de la Fiscalía.