El eurodiputado y expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, fugado de la justicia española, y su abogado Gonzalo Boye han recurrido a la vía del victimismo para dar pena en Europa tratando de captar cómplices para su causa contra España. Ahora que Puigdemont ha alcanzado un escaño en la Eurocámara no pierde la oportunidad de lanzar porquería contra España con la esperanza de conseguir complicidad en el resto de Europa.
Y dentro de esta estrategia hay que situar el numerito que han montado hoy en Bruselas dentro de una sesión en la Eurocámara. Puigdemont se ha presentado como víctima de una "persecución jurídica" por parte de las instituciones españolas, asegurando que los delitos que se les imputa "no pasan los Pirineos", en un acto organizado por Bildu y ERC en la Eurocámara, institución que en los próximos meses debe decidir si le retira la inmunidad para que sea extraditado a España. (Puigdemont genera mal rollo (también) en Francia)
Puigdemont ha denunciado el uso de una estrategia por parte de España que tiene como objetivo "laminar las democracias y derechos fundamentales" de los rivales políticos y que, a su juicio, también se produce en sistemas en Europa. Y su abogado Gonzalo Boye ha señalado que el uso de estas técnicas es manifiesto en su caso porque "un mismo hecho no pasa el filtro de los Pirineos", en referencia a que el caso se haya detenido en Alemania, Bélgica o Reino Unido.
Boye ha alertado de que un hecho sea considerado delito en un país y no en otro afecta a los propios cimientos de Europa y ha ligado el caso de Puigdemont al de "persecución a una minoría" nacional. "Estamos ante una situación que debería hacernos pensar", ha asegurado, y a su vez ha añadido que estas prácticas de 'lawfare' se producen por una falta de "contrapoder" a las altas instancias judiciales que desarrollan su "propia agenda política". (Este es el pasado delictivo del abogado terrorista que defiende a Puigdemont)
Fake news y persecución política
Andreu van den Eyden, el abogado del exvicepresident Oriol Junqueras y del exconseller, Raul Romeva, ha expuesto el caso de sus clientes, apuntando a que se les ha señalado como "enemigos del Estado" y no como ciudadanos, y como tal "se viola sus derechos". A su juicio, el "control de la narrativa" es fundamental para casos de persecución política y esto se ha producido en el escenario catalán con la circulación de "fake news" y la introducción de "términos legales en la opinión pública".
"Las manifestaciones se relacionaban con violencia y los medios repetían que se trataba de un golpe de Estado. Se busca con esto un juicio mediático antes de que se dicte sentencia", ha subrayado, para añadir que los propios abogados han sido "objeto de acoso" por parte de los medios. Por último ha denunciado una reinterpretación de la ley en el juicio al procés, donde se ha "mantenido los cargos de rebelión por una cuestión estratégica" y ha avanzado que "la falta de proporcionalidad" será uno de las principales argumentos que llevará en su denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo.
Cuestionan el mal uso de la euroorden
Boye también se ha referido a la euroorden que pesa sobre Puigdemont, y ha dicho que el mecanismo en sí mismo no es el problema sino el uso del mismo. Y se ha referido, sin citarlo, al juez Alberto Llarena al asegurar que "no existen precedentes de que se hayan activado tres órdenes por parte del mismo juez contra la misma persona". (Puigdemont hace el ridículo con sus desvaríos contra España en la tele francesa)