El juez Marchena ha cargado duramente contra el grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual reclamaba la liberación de los 'presos políticos' catalanes.
Lo hace después de que haya salido a la luz el escrito del Tribunal Supremo, que deniega en firme poner en libertad a los líderes independentistas catalanes. (El Supremo rechaza dejar en libertad a los golpistas hasta que salga la sentencia)
El tribunal del juicio del procés ha descalificado, de forma rotunda, el documento del grupo de trabajo, tanto por su forma, como por sus argumentos y su distribución, la cual fue a través de medios de comunicación, y no por las vías internacionales y jurídicas debidas.
"No faltan en el dictamen las afirmaciones extravagantes, faltas de toda lógica y de posible encaje en nuestro sistema procesal" afirma el texto del tribunal.
El tribunal tacha al documento como un "grosero desconocimiento"
Dentro del documento del grupo de trabajo se pueden encontrar afirmaciones como la que dice que Joaquim Forn fue persuadido de "suprimir su activismo en favor de la causa independentista, a cambio de ser liberado". El tribunal español no ha tardado en afirmar que esto es una "insidia", y que únicamente se puede haber llegado a esa conclusión "a partir de un grosero desconocimiento de los principios que definen el proceso penal de nuestro sistema constitucional".
Así mismo, el juez Marchena, como 'portavoz' destacado del tribunal, ha afirmado que el documento otorgado por el grupo de trabajo no cuenta con una fuente fiable, dado que actualmente la Abogada del Estado ha solicitado la revision del trabajo ante la dudosa imparcialidad de algunos de sus miembros. Como ya salió a la luz, algunos miembros y ex-miembros del grupo de trabajo en cuestión tienen gran relación con los líderes independentistas en prisión.
Tampoco le gustó al Tribunal la conclusión del informe de la ONU, el cual solicita al Ejecutivo español que interfiera para 'solucionar' la situación.
"Esta petició ignora una de las notas esenciales que define cualquier estado de derecho, es decir, aquella que impide al poder ejecutivo dirigir instrucciones, requerimientos u órdenes en los tribunales de justicia".