El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha tomado esta semana decisiones clave para el curso de la investigación que dirige sobre Podemos en el llamado caso 'Neurona'. Ha terminado de depurar la denuncia que presentó el ex abogado del partido José Manuel Calvente para centrarse ya en exclusiva en el contrato firmado con la consultora política Neurona para las elecciones generales de 2019, que sospecha que pudo ser una simulación para desviar dinero de la cuentas 'moradas'.
El caso parte de la denuncia que Calvente presentó en diciembre de 2019, tras llevar a cabo una "sigilosa" investigación interna junto a la hasta entonces responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, sobre cuatro hechos supuestamente delictivos: los contratos electorales con Neurona y ABD; las obras en la nueva sede; la denominada 'Caja B'; y la sustracción del disco duro del ordenador de Marta Flor, también abogada del partido.
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Escalonilla investiga ya solamente el contrato que Podemos firmó con Neurona Comunidad por 363.000 para las elecciones generales del 28 de abril de 2019 porque, según reiteró en un auto del 12 de enero, sospecha que "se trató de un contrato simulado, en cuanto no obedeció a prestación de servicio alguno por parte de dicha mercantil, teniendo como finalidad la de desviar el dinero pagado por dicha formación política en base a dicho contrato a una sociedad mexicana, concretamente a Creative Advice Interactive".
El juez va más allá y apunta que esta presunta "distracción" de dinero de Podemos a Creative "no era en sí mismo el fin", recordando que Calvente advirtió de que el verdadero objetivo podría ser "financiar a partidos extranjeros", "la previa financiación ilegal del propio Podemos a través de microcréditos" o "para compensar las cantidades obtenidas a través de una red de financiación ilegal para la propia constitución de dicho partido en el año 2014 y la promoción de sus miembros a los cargos directivos que actualmente ostentan".
Por eso, el responsable del juzgado madrileño trata de averiguar si Neurona realmente hizo el trabajo para el que fue contratada. Podemos ha entregado al juzgado más de 1.400 documentos para probar que los servicios se prestaron, pero el juez ha ordenado a la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (UCDE) investigar los vídeos aportados, para conocer "la autoría y la fecha de su realización, y cuales otros datos informáticos se puedan obtener".
El rastro del dinero
También sigue el rastro del dinero. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la contabilidad de Neurona de los años 2019 y 2020, ambos requeridos por el juez, reflejan que Podemos pagó los 363.000 euros del contrato electoral en varias transferencias, así como otros ingresos del partido a la consultora política, todo ello por un total de 425.443 euros. Cabe recordar que la formación 'morada' también contrató a Neurona para las elecciones municipales de 2019 en Madrid.
Los apuntes contables de Neurona, a los que ha tenido acceso Europa Press, también muestran varias transferencias de la consultora política a Creative, a la que subcontrató para que fuera quien hiciera el trabajo contratado por Podemos. En total, hubo un trasvase de 307.000 euros de la primera a la segunda.
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Escalonilla también ha comenzado a tirar del hilo mexicano. Así, en diciembre dictó una serie de diligencias de investigación en las que se interesó por Neurona Consulting, la matriz mexicana de Neurona Comunidad. En concreto, pidió localizar a Germán Cobo, persona de enlace entre el administrador de Neurona Comunidad, Elías Castejón, y los socios mexicanos --Andrea Edlin López y César Hernández--; y Waldemar Aguado, uno de los trabajadores de Neurona que se habrían desplazado a España desde México para prestar los servicios contratados por Podemos, para poder interrogarles como testigos. Ambos residirían en México.
También pidió investigar las cuentas bancarias de las que Neurona Consulting, Castejón y Cobo fueran titulares en España. Vox, que ejerce de acusación popular, solicitó al juez que citara a declarar a César Hernández --socio mexicano de Neurona Comunidad--, si bien Escalonilla ha contestado que, encontrándose la presente causa pendiente de la práctica de diversas diligencias, y tal y como se ya se ha resuelto en anteriores resoluciones, se acordará sobre su práctica una vez realizadas tales diligencias, a los efectos de resolver sobre su condición procesal".