El informe de la ONU tiene delito: ¡¡Un texto plagado de errores!!

  • Política
  • 30-05-2019 | 21:05
  • Escribe: Guillermo Vives

El Gobierno considera que este desliz de la ONU no hace otra cosa que interferir en la justicia española mientras el Supremo juzga a los responsables del golpe de Estado que se produjo en Cataluña.


El informe no vinculante elaborado por un grupo de trabajo de la ONU al dictado de los intereses separatistas catalanes, al margen de pretender influir en la política interna de España saltándose el sagrado precepto democrático de la separación de poderes, está plagado de errores e inexactitudes, lo que confirma que el trabajo no es más que un traje a medida de la voluntad separatista y que ha servido a los que quieren romper España para ocultar el sonoro fracaso que ha supuesto la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos calificando de ilegal el Procés. (El Gobierno de Pedro Sánchez responde a la ONU con un zasca)

Las subvenciones de Puigdemont a la ONU

Este escrito es también el resultado de la estrecha vinculación que tejió con la ONU Puigdemont durante su mandato presidencial en la Generalitat en forma de subvenciones que en algunos casos superaron los 100.000 euros. (El malversador Puigdemont intentó comprar el favor de la ONU… ¡¡con 100.000 euros!!)


El grupo de trabajo que ha elaborado el informe favorable al secesionismo catalán, calificando de "arbitraria" la detención de los políticos presos, exigiendo su liberación inmediata y proponiendo al Estado una indemnización por los daños causados, es el mismo que censuró la condena a Julian Assange, fundador de Wikileaks y que reclamó una indemnización a cuatro miembros de un cártel de la droga mexicanos. 

Errores de bulto en el informe

En este caso el grupo de trabajo se ha movilizado atendiendo una denuncia presentada por Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y Oriol Junqueras que forma parte de una estrategia clara del separatismo de intoxicar al mundo con sus soflamas distorsionando la realidad y vendiendo una imagen de España, como un país dictatorial en el que no se respetan las libertades, que no coincide con la realidad. 


Fuentes del Gobierno español han confirmado a Crónica Global que el grupo de trabajo de la ONU “demuestra que ni siquiera sabe de qué delitos están acusados en España” los autores de la denuncia, en la que “se da por buena la idea de que la acusación se debe a la convocatoria de una simple manifestación el día 21 de septiembre de 2017”. (Cuixart se agarra a un informe no vinculante de la ONU para reclamar su puesta en libertad de inmediato)

Las conclusiones del trabajo delatan un desconocimiento absoluto de las leyes españolas, al dar por sentado que un referéndum sobre la independencia sería legal en España. Cuestionan la legalidad de la jurisdicción competente y piden al Gobierno que tome decisiones que únicamente competen al poder judicial negando uno de los pilares del Estado de Derecho, la separación de poderes”.

"Juicio a personas por sus ideas, no por sus actos"

Según la valoración del grupo de trabajo de la ONU en España se juzga a las personas por sus ideas, y no por sus actos, algo que evidentemente cae por su propio peso porque en Cataluña son cientos de miles las personas que piensan políticamente como los detenidos, pero no están en prisión. La diferencia es que los presos han delinquido. No es una cuestión de ideas sino de actos. Y, para más inri, el informe concede mayor legitimidad a los tribunales alemanes sobre los españoles basándose en que Puigdemont fue juzgado en Alemania por un tribunal regional que decidió ponerle en libertad.

En el ejecutivo de Pedro Sánchez ha causado estupor este desliz de la ONU que no hace otra cosa que intentar interferir en la justicia española mientras el Supremo está juzgando a los responsables del golpe de Estado que se produjo en Cataluña. (¡¡Torra se vuelve majara!! ¡¡Exige liberar a los presos golpistas en nombre de la ONU!!)

El contenido del informe, por otra parte, no guarda ninguna relación con la sentencia favorable a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que reconoce “el buen funcionamiento del sistema judicial español, y las plenas garantías procesales de las que disfruta cualquier persona sometida a la justicia española”. 

 

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