El pomposo Consell de la República es un engendro ideado por la mente calenturienta de Carles Puigdemont para no perder protagonismo en el Procés y poder jugar a presidir un gobierno paralelo en el exilio. De acuerdo con la definición que se estableció en su fundación, se trata de una organización privada, creada de acuerdo con la ley belga y presidida por Carles Puigdemont, que busca organizar y promover la independencia de Cataluña tras la Declaración Unilateral de independencia de 2017. Un gasto más para los catalanes. (Casado se mueve para ver a Puigdemont entre rejas... en España).
"Nos organizamos al margen de la legalidad española"
El día de su fundación, la ex consejera fugada Clara Ponsatí afirmó que "hoy le decimos al mundo que los catalanes empezamos a organizarnos al margen de la legalidad española". ¡Y olé! Asumen desde su origen que están al margen de la legalidad.
Y como la organización no tiene más legitimidad que la que quiera proporcionarle la ciudadanía, los que están detrás del invento se han propuesto abrir las puertas a todos para poder presumir de simpatías. Cuantos más sean, más credibilidad tendrán. Y el capítulo de afiliación está abierto a todos para sumar. Desde Pedro Picapiedra hasta un bebé recién nacido. Es igual. Cualquiera se puede apuntar. La cuestión es apuntarse para que parezca que son muchos y poder presumir de cifras. (¡No los quieren ni en su casa! Los catalanes suspenden a Puigdemont y Torra)
"No forzamos a nadie a ser catalán, pero a mí me obligan a ser español en contra de mi voluntad"
Ya lo dijo Puigdemont animando a todos a apuntarse: "Estamos abiertos a todos aquellos que quieran ser catalanes. Nosotros no ponemos muros como en Ceuta y Melilla y no limitaremos el acceso a la ciudadanía republicana". El expresident prófugo de la justicia española afirma en una entrevistaa Vilaweb que nadie debería ser forzado a ser catalán si no quiere serlo, aunque a mí me fuerzan a ser español y yo no quiero serlo. Esto es un acto de violencia".
Puigdemont garantiza la Tierra Prometida a través del Consell de la República, que de paso se convierte en un gran negocio gracias a los incautos que pican. El objetivo es un millón de afiliados que paguen 10 euros por su inscripción. No está nada mal.
La gracia del invento es que como tiene su sede en Bélgica, el Estado español no puede hacer nada para evitar su existencia, aunque vulnere los principios básicos de la Constitución española. Puigdemont se aferra a la falta de entendimiento y coordinación que existe entre la justicia de los paises de la Unión Europea para conservar el protagonismo en una Cataluña que empieza a olvidarse de él. (Puigdemont se convierte en una atracción de feria en Waterloo)