ERC y PDeCAT al Congrés dels Diputats han formulado en el Congreso una solicitud para la creación de una comisión de investigación sobre la implicación del gobierno de España, entonces regido por Mariano Rajoy, en la fuga masiva de depósitos bancarios de Cataluña a raíz del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
La petición se basa en informaciones aparecidas en el diario Ara según las cuales Renfe, Adif, Puertos del Estado o RTVE retiraron 2.000 millones de euros del Banco de Sabadell. Los partidos golpistas afirman que entre CaixaBank y el Banco de Sabadell la retirada de dinero en aquellas fechas pudo llegar hasta los 30.000 millones. Los partidos independentistas quieren saber hasta qué punto la intervención del gobierno y de la Casa Real tuvo que ver en esta masiva retirada de fondos.
Por otra parte, la comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado hoy mismo instar a las instituciones políticas y financieras europeas a que investiguen "presiones del Gobierno del Estado español y la Casa Real" para que empresas trasladaran sus sedes fuera de Cataluña.
La propuesta, promovida por el PDeCAT y el concejal no adscrito Gerard Ardanuy, ha prosperado en una sesión extraordinaria de la comisión, con los votos de PDeCAT, ERC, la CUP y los dos concejales no adscritos --Ardanuy y Joan Josep Puigcorbé--, mientras que el Gobierno de BComú se ha abstenido y Cs, PSC y PP han votado en contra.
La propuesta aprobada también incluye apoyar las comisiones de investigación que se puedan crear sobre el asunto en el Congreso y en el Parlament, y critica la "operación de Estado en que se habría presionado a empresas y entidades financieras catalanas y multinacionales", muchas de ellas en Barcelona, para trasladar sus sedes fuera de Cataluña.
Lamenta que empresas --pocas, según la proposición-- cedieran a estas presiones, y "el menosprecio con el que el Gobierno del Estado español, la Casa Real y los partidos que les apoyan tratan a los ciudadanos de Cataluña, diseñando una operación de Estado que quería crear el colapso financiero y poner en riesgo los ahorros de millones de catalanes".
Los comunes se abstienen
El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha asegurado que, como responsable de cuestiones económicas de la ciudad, le "consta que esta operación de Estado se produjo", mediante medios tanto formales como informales, pero ha avisado de que la marcha de empresas no fue sólo consecuencia de esta presión, sino también de la situación.
Sin embargo, la propuesta "intenta colocar la responsabilidad en un solo lugar", motivo por el que se ha abstenido, aunque ha resaltado que la responsabilidad es asimétrica porque el Estado tiene más instrumentos, y ha dicho que la Generalitat sabía que podía ocurrir algo así.
El teniente de alcalde ha defendido que la situación económica actual requiere aprobar "unos Presupuestos a la altura de la situación", que el Gobierno de Ada Colau considera que deben aprobarse a nivel estatal, catalán y municipal, alcanzando un triple acuerdo presupuestario.
"Operación del Estado para desequilibrar la economía catalana"
Desde el PDeCAT, Jaume Ciurana ha sostenido que se produjo una operación de Estado para desequilibrar la economía catalana tras el 1-O, y ha aseverado ante quienes culpan al proceso independentista de generar una inseguridad jurídica que llevó al traslado de sedes: "Los bancos han perdido más valor en la Bolsa en cuatro días tras el ridículo espantoso del Tribunal Supremo sobre las hipotecas que en cuatro años por el 'procés".
Ardanuy ha sostenido que esta operación gravísima pretendía generar miedo y castigar a Catalunya, y ha añadido: "Por suerte no salió bien, pero no puede quedar en el olvido", sino que se deben buscar los responsables de estas acciones, que constituyeron un ataque hacia los catalanes, fueran o no independentistas, según él.
Jordi Coronas (ERC) ha resaltado que grandes empresas siguen trasladándose a Catalunya, por lo que no existe un problema económico, sino que "hay un Estado que pone en riesgo" la economía, la democracia y los fundamentos de la UE de la que tanto se llena la boca, ha dicho el republicano, que ha defendido que los independentistas deben ser más inteligentes y precavidos y menos ingenuos.
Puigcorbé: "hubo ataques de los poderes fácticos del Estado español"
La edil de la CUP Maria Rovira ha afirmado que estos hechos demuestran que "los tentáculos del Estado español" llegan al control económico de Catalunya, motivo por el que ha apostado por avanzar en la soberanía económica y el control de la política monetaria, para dejar de estar sometidos al Estado español y al Banco Central Europeo (BCE), construyendo una banca pública.
El actor y concejal no adscrito Joan Josep Puigcorbé ha abogado porque se impulsen acciones para reclamar justicia ante estos "ataques de los poderes fácticos del Estado español" que dañaron la economía catalana, acciones que no pueden quedar impunes, según él.
PP, Ciudadanos y PP: "Despiertan de su sueño y quieren culpar al enemigo"
Marilén Barceló (Cs) ha criticado que los grupos independentistas negaran la marcha de empresas y que ahora "despiertan de su sueño y quieren culpar al enemigo que han creado, al Estado español", y ha pedido centrarse en el mundo real y dejar de vivir en una república imaginaria en Waterloo, en referencia a la residencia del expresidente del Govern Carles Puigdemont.
La socialista Montserrat Ballarín ha sostenido que la declaración de independencia "desencadenó" una marcha de empresas que la Generalitat sabía que podía ocurrir, pero siguió adelante con su hoja de ruta, según ella, que ha criticado que la propuesta mira hacia un pasado que es mejor dejar atrás para tender puentes de cara al futuro.
El líder del PP en el Ayuntamiento, Alberto Fernández, ha aseverado que "es el independentismo y sus mentiras el responsable de la situación", y ha avisado de que, cada vez que se presentan acuerdos o debates como el de la comisión, se disuaden inversiones y se ahuyentan empresas.