Los encontronazos entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la Justicia española cada vez son más evidentes. Y es que los tribunales no sólo se han mostrado contrarios a los indultos a los presos independentistas, otorgados finalmente por el Gobierno, sino que también el Tribunal Constitucional ha tumbado tres decretos-leyes del Ejecutivo, tildándolos de inconstitucionales.
Del mismo modo, los tribunales españoles acumulan mas de una docena de recursos de la oposición contra decisiones del Gobierno, los cuales aún están pendientes de resolver judicialmente.
Ahora, son la Ley del Gobierno y el Real Decreto 286/2017 los que han puesto en el punto de mira judicial al Gobierno; y es que el Ejecutivo socialista ha incumplido ambas normativas, que obligan al Gobierno a publicar, antes del pasado 30 de abril, su Plan Anual Normativo para 2022.
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Así pues, aún se desconocen los proyectos, iniciativas reglamentarias e iniciativas legislativas que el Consejo de Ministros tendrá sobre la mesa durante el ejercicio que viene; tampoco se ha remitido este Plan ni a las Cortes ni al Portal de Transparencia para su publicación; una situación irregula que ya se produjo el año pasado, cuando el Ejecutivo tampoco presentó el calendario de leyes para 2021.
La oposición, sin tiempo para vigilar al Gobierno
Como resultado de esta negativa del Gobierno a presentar su plan legislativo para el próximo año, y habiendo transcurrido más de tres meses desde su fecha máxima de presentación, a día de hoy, nadie conoce los proyectos legislativos que preparan los 22 ministerios de Sánchez, ni para el último trimestre de 2021, ni para el 2022.
Situación que no sólo quita transparencia a las acciones del Ejecutivo, sino que también deja sin margen de maniobra a los partidos de la oposición, que ven mermada su función de vigilancia al Gobierno estatal.
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Y es que, tal y como señala el diario ABC, esta falta irregular de planteamiento desde el Estado hace que los grupos parlmentarios apenas cuenten con tiempo para elaborar estudios previos a la presentación de estas nuevas leyes, limitándose casi al máximo su capacidad para mostrar modificaciones a las mismas.
Algo que ya ha sido criticado por la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, qiue ha exigido "con carácter de urgencia" a Félix Bolaños solventar esta irregular situación legislativa.
"Es evidente que a este Gobierno, instalado en la opacidad, el desprecio al Parlamento, la querencia al decretazo y a los modos totalitarios, esta obligación legal le resulta incómoda para la resolución de sus fines, y por eso, su incumplimiento flagrante de esta obligación legal" ha señalado la popular al citado diario.